Morón propone detención por violación de restricciones perimetrales

Morón presentó un proyecto para permitir la detención inmediata de quienes violen las restricciones perimetrales dictadas en casos de violencia de género y familiar, con el fin de proteger a las víctimas y evitar nuevas agresiones. La iniciativa busca cerrar una laguna legal que dificulta la aplicación efectiva de estas medidas de protección.

La presentación del proyecto ocurrió durante una sesión ordinaria del cuerpo legislativo de Morón. Foto: Prensa Morón.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto con autoridades judiciales y organismos especializados, presentó esta propuesta legal que modifica el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es facultar a los jueces para que puedan ordenar la detención urgente de agresores que incumplan las restricciones de acercamiento a sus víctimas, resguardando así la integridad y seguridad de las personas afectadas.

Esta acción responde a la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante la repetición de actos de violencia que hoy quedan en una zona gris judicial.

El proyecto fue elaborado en colaboración con la fiscal general del departamento judicial de Morón, Karina Iuzzolino, el juez federal Jorge Rodríguez y el titular del Consejo de Víctimas de Buenos Aires, Roberto Almeyda, entre otros actores comprometidos con la defensa de los derechos de las víctimas.

Además, se resaltó el trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones sociales para fortalecer las medidas de protección y acompañamiento a las personas en situación de violencia.

La iniciativa plantea que el incumplimiento de las restricciones perimetrales, actualmente difícil de penalizar de forma inmediata, sea sancionado con detenciones para evitar que los agresores mantengan contacto o ejerzan violencia nuevamente. Este cambio normativo persigue reducir el riesgo para las víctimas y fortalecer la prevención.

Aunque el proyecto representa un avance relevante para cerrar vacíos legales y mejorar la protección en casos de violencia, su eficacia dependerá de la correcta implementación y coordinación entre los distintos actores judiciales y de seguridad.

Será fundamental monitorear su impacto real en la prevención y acompañamiento integral, manteniendo un enfoque respetuoso, riguroso y constante de los derechos humanos.

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