La muerte asistida de las gemelas Kessler reavivó en Alemania el debate sobre la falta de ley en el suicidio asistido. Cáritas advirtió sobre la presión social a las mujeres mayores de no ser una carga. Expertos exigen un protocolo claro para verificar la voluntad libre.
La legislación alemana sobre el suicidio asistido ha vuelto a ser tema de controversia tras la muerte de las hermanas gemelas de 89 años, Alice y Ellen Kessler, en su domicilio de Múnich. El suceso, que se reportó como un suicidio asistido conjunto y bien meditado, ha renovado los llamados urgentes para reformar la legislación que, desde 2020, despenalizó esta práctica.
La controversia no se centra en el derecho a una muerte autodeterminada, sino en la ausencia de un marco legal claro para la práctica, especialmente en lo que respecta a las organizaciones que ofrecen ayuda para el suicidio.
La organización alemana Cáritas advirtió que la cobertura mediática “romantizada” de las muertes de las hermanas Kessler corre el riesgo de aumentar una presión social ya existente. Eva Welskop-Deffaa, presidenta de Cáritas, señaló en un comunicado que “las mujeres mayores en particular sienten la responsabilidad de no ser una carga para nadie y perciben el suicidio asistido como una medida necesaria a considerar”. El texto exige prohibir la publicidad de estas organizaciones y establecer regulaciones legales.
La legislación actual es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional Federal en 2020, que estableció el derecho fundamental a una muerte autodeterminada y despenalizó el suicidio asistido. Sin embargo, no se estableció un procedimiento claro para determinar si la decisión de acabar con la vida se toma de forma “libre y responsable”.
La falta de un procedimiento claro es el punto neurálgico del debate. Helmut Frister, presidente del Consejo Alemán de Ética, declaró a la cadena pública RBB que este vacío legal es el problema principal, e instó al Parlamento a aprobar con urgencia una ley de prevención del suicidio y a definir un proceso para verificar la “responsabilidad libre” del solicitante. Frister sugiere que este proceso debería incluir asesoramiento independiente, ajeno a las organizaciones que promueven la práctica.
El exministro de Salud, Karl Lauterbach (SPD), calificó la situación actual de “éticamente inaceptable”, argumentando que no existe una certeza de que las personas que eligen este camino “no padezcan enfermedades mentales que afecten a sus facultades para tomar decisiones”.
El riesgo de las organizaciones: Lukas Radbruch, uno de los principales médicos de cuidados paliativos en Alemania, advirtió a DW que las organizaciones de ayuda al suicidio que asesoran a los pacientes sobre sus decisiones “tienden a aconsejarte sobre cómo hacerlo, no sobre si hacerlo o no”.
El Bundestag (Parlamento federal alemán) ya debatió posibles regulaciones en 2023, y el gobierno ha presentado un proyecto de ley de prevención del suicidio. Se espera que el caso Kessler precipite la aprobación de una reforma legal que establezca un marco claro para la práctica y evite la presión social sobre los mayores.
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