La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú dictó sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por conspiración en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El tribunal impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, más inhabilitación por 2 años y reparación civil solidaria.
Pedro Castillo Terrones anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de excepción mediante decretos de urgencia. Las Fuerzas Armadas rechazaron las disposiciones y el Congreso destituyó al entonces mandatario por rebelión.
Castillo huyó en un vehículo particular, pero la Policía Nacional lo detuvo en flagrancia cerca de su domicilio en Breña, Lima. Desde diciembre de 2022 cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, destinado a exjefes de Estado.
La Fiscalía solicitó inicialmente 34 años por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El tribunal aplicó agravante por el cargo presidencial, pese a la ausencia de antecedentes penales.
El proceso duró ocho meses con audiencias públicas. La Sala absolvió a Castillo de abuso de autoridad y perturbación pública, al no configurarse rebelión consumada por falta de ejecución efectiva.
Betssy Chávez Chlimper, ex presidenta del Consejo de Ministros, y Roberto Huerta, ex jefe de Gabinete Presidencial, recibieron la misma pena por conspiración. Aníbal Torres Vásquez, ex ministro de Justicia, resultó absuelto en parte de los cargos. Los ex jefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero salieron inocentes. La defensa alegó presiones políticas y falta de armas o actos concretos para consumar el plan.
La decisión de la Sala no acogió la solicitud inicial de la Fiscalía, que había pedido 34 años de prisión para Castillo por los delitos de Rebelión, Abuso de Autoridad y Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública. La clave de la sentencia radica en la calificación legal del hecho.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una reparación civil solidaria de doce millones de soles que el expresidente deberá pagar al Estado. Este monto deberá ser abonado de forma solidaria con sus exministros involucrados en el intento de golpe fallido, incluyendo a Betssy Chávez y Willy Huerta, quienes también fueron condenados con la misma pena de cárcel.
La defensa legal de Pedro Castillo anunció inmediatamente que presentará recursos legales contra la sentencia, la cual fue emitida en primera instancia. Esto sugiere que el proceso judicial aún podría tener nuevas etapas de apelación, buscando la anulación o modificación de la pena.
Perú registra varios exmandatarios en prisión por corrupción o delitos similares, lo que refleja tensiones recurrentes entre poderes del Estado. El veredicto admite apelación y coexiste con otros procesos judiciales contra Castillo. Queda por definir si el fallo impactará la dinámica política futura.
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