El borrador oficial propone fijar el descanso entre octubre y abril, con notificación de 45 días y fraccionamiento por acuerdo. Se ajusta la remuneración y se habilita banco de horas en convenios colectivos para adaptar jornadas a la producción.
El borrador oficial propone fijar el descanso entre octubre y abril, con notificación de 45 días y fraccionamiento por acuerdo. Se ajusta la remuneración y se habilita banco de horas en convenios colectivos para adaptar jornadas a la producción.
El gobierno de Javier Milei, en diálogo con empresarios, analiza un borrador de reforma laboral que transforma las reglas de las vacaciones para trabajadores en relación de dependencia. El texto, al que accedió Infobae, prioriza la flexibilidad sin alterar derechos mínimos, limitando el período vacacional al intervalo entre el 1° de octubre y el 30 de abril, salvo pactos individuales justificados y autorizados.
Esta modificación busca equilibrar necesidades productivas con el descanso, exigiendo una notificación escrita con 45 días de antelación, modifiable por convenciones colectivas. Además, permite fraccionar las vacaciones en tramos de al menos una semana, garantizando que cada empleado acceda al verano una vez cada tres años en empresas con rotación de fechas. En caso de enfermedad durante el descanso, se reprograman los días pendientes tras reincorporación.
La remuneración vacacional se calcula dividiendo el sueldo mensual por 25 para asalariados fijos, o por el promedio anual de variables como comisiones, pagándose al inicio del período o del primer tramo si se fracciona. Estas reglas integran todos los conceptos fijos y variables, promoviendo transparencia en la liquidación.
El proyecto extiende la flexibilidad a la jornada laboral vía convenios colectivos, habilitando bancos de horas, horas extras compensadas y promedios para máximas diarias, siempre respetando 12 horas de descanso interjornada y 35 horas semanales mínimas. Esto responde a particularidades sectoriales, sustituyendo artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo para modernizar el marco normativo.
La iniciativa genera debate sobre si fortalece la autonomía negociadora o diluye protecciones tradicionales, invitando a reflexionar sobre el impacto en el equilibrio vida-trabajo ante dinámicas económicas cambiantes. Se espera su discusión en el Consejo de Mayo para pulir detalles.
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