Investigación FOPEA revela impunidad en delito ambiental; única prisión efectiva en Formosa 2025 pese a Ley 22.421; Red Yaguareté rastrea 75+ casos, con Salta y Buenos Aires epicentros.
Investigación FOPEA revela impunidad en delito ambiental; única prisión efectiva en Formosa 2025 pese a Ley 22.421; Red Yaguareté rastrea 75+ casos, con Salta y Buenos Aires epicentros.
La caza furtiva y el tráfico ilegal del yaguareté siguen siendo una grave amenaza para esta especie en peligro crítico de extinción en Argentina, a pesar de estar protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna (N° 22.421). Según un relevamiento realizado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), entre 2010 y 2023 se abrieron al menos 46 investigaciones relacionadas con este felino, aunque el número real podría superar los 75 casos debido a la subnotificación y la dificultad para judicializar muchos expedientes. La caza se concentra principalmente en regiones del norte como Salta, Formosa y Misiones, mientras que la venta y comercialización de pieles se observa fuertemente en Buenos Aires y CABA.
El recorrido judicial revela que muchos casos no llegan a juicio por falta de pruebas sólidas, dificultades para identificar responsables o prescripción. Solo en agosto de 2025 se dictó una condena ejemplar en Formosa contra cuatro cazadores furtivos que admitieron haber matado a un yaguareté y actuaron en defensa propia. Sin embargo, la mayoría de las sanciones derivan en multas administrativas y no en penas de prisión efectivas, lo que alimenta la percepción de impunidad. Frente a esto, legisladores como Damián Arabia han presentado proyectos para endurecer las penas, proponiendo elevar la prisión a cuatro u ocho años.
En paralelo, organizaciones como Greenpeace sostienen acciones judiciales para proteger el hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, con avances limitados desde 2019. En el terreno conservacionista, programas de reintroducción y restauración de hábitat en lugares como Iberá y El Impenetrable han logrado repoblar fragmentos del territorio, aunque el avance es dispar y la cacería furtiva persiste en reservas clave. El Ministerio de Ecología de Misiones busca reducir atropellamientos mediante señalización y controles de velocidad.
Ramiro González, titular de UFIMA, resalta la necesidad de fortalecer la coordinación judicial y ambiental, crear juzgados especializados y actualizar la legislación para proteger a esta especie emblemática, cuyo equilibrio ecológico y supervivencia están en juego. La caza del yaguareté es un delito ambiental tipificado con penas de hasta tres años, pero falta efectividad en su aplicación, lo que pone en riesgo la biodiversidad y calidad de vida en la región.
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