La ex alta representante de la diplomacia europea Federica Mogherini enfrentó imputación por presunto fraude en fondos comunitarios. La Fiscalía Europea notificó cargos el 3 de diciembre de 2025 tras detención temporal en Bélgica. El caso involucra un programa de formación diplomática adjudicado al Colegio de Europa entre 2021 y 2022.
La policía judicial federal belga detuvo a Mogherini, rectora del Colegio de Europa en Brujas, junto al diplomático italiano Stefano Sannino y al ítalo-belga Cesare Zegretti. Los tres declararon ante el juez de instrucción hasta la noche del martes 2 de diciembre. La Fiscalía Europea (EPPO) confirmó imputación por fraude y corrupción en contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Quedaron en libertad por ausencia de riesgo de fuga.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) adjudicó al Colegio de Europa la “Academia Diplomática de la UE“, un curso de nueve meses para jóvenes diplomáticos financiado con fondos europeos. Investigadores sospechan irregularidades en la licitación, con indicios de favoritismo y acceso previo a información confidencial. Registros policiales abarcaron la sede del SEAE en Bruselas y edificios del Colegio en Brujas.
Mogherini dirigió la diplomacia UE de 2014 a 2019 y ahora lidera el Colegio de Europa. Sannino se desempeñó como director de la Escuela Diplomática UE. El caso surge en momento sensible para la UE, con negociaciones sobre Ucrania y cuestionamientos a su gestión de fondos. La EPPO supervisa pesquisas para esclarecer legalidad de la adjudicación.
El hecho de que una figura de la trayectoria y relevancia de Mogherini, quien ocupó uno de los cargos más altos de la política exterior europea, esté bajo acusación formal, genera un fuerte impacto en la imagen pública de la UE.
Si bien la imputación no implica una condena, el proceso judicial abre un interrogante sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y control de los fondos de la comunidad en instituciones educativas y de think tanks.
El procedimiento judicial proseguirá para determinar responsabilidades. Queda pendiente si las irregularidades afectaron otros contratos similares y qué medidas tomará la UE para fortalecer controles.
La Legislatura porteña debate un endurecimiento del Código Contravencional contra los cuidacoches, elevando las multas y los días de arresto. El proyecto penaliza la intimidación, las mafias organizadas y el accionar en eventos masivos, generando cruces con la oposición.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
