Una auditoría del Gobierno porteño reveló que estos espacios recibían fondos e insumos pero no entregaban la comida a los vecinos.
Una auditoría del Gobierno porteño reveló que estos espacios recibían fondos e insumos pero no entregaban la comida a los vecinos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la clausura inmediata de 40 comedores comunitarios tras confirmar que funcionaban como “comedores fantasmas”.
La medida se tomó luego de un operativo de fiscalización integral que expuso graves irregularidades: aunque estos centros recibían asistencia estatal, los alimentos no llegaban a las familias vulnerables, indicaron desde el gobierno porteño.
La investigación, que abarcó a más de 500 establecimientos en el territorio porteño, detectó que unas 5.000 raciones diarias no podían ser justificadas. Según la administración porteña, estos insumos quedaban retenidos en una cadena de intermediación política, impidiendo que la ayuda social cumpliera su función.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue contundente al anunciar la baja de estos convenios y apuntó directamente contra la utilización política de la ayuda social. “Terminamos con un sistema que durante años les permitió a los gerentes de la pobreza hacer negocios con el hambre de la gente. Hoy eso se terminó”, declaró.
Macri explicó que la decisión busca cortar con prácticas arraigadas de punteros y organizaciones que funcionaban como filtro para la asistencia. “Sacamos a los intermediarios e incorporamos un sistema que nos da visibilidad total. Lo que no vamos a permitir nunca más es que alguien use el hambre para hacer negocios”, sentenció.
El cierre de los 40 comedores fue posible gracias a la implementación de un nuevo sistema de trazabilidad y control biométrico. A través de una App de registro y reportes en tiempo real, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat pudo cruzar los datos de las entregas de proveedores contra la asistencia real en los barrios.
El ministro del área, Gabriel Mraida, sostuvo que “en la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política” y ratificó que el control diario continuará para asegurar que “ningún plato de comida termine en un destinatario que no corresponde”.
Con la eliminación de estos intermediarios, la Ciudad avanza hacia un esquema de asistencia directa, donde el beneficiario accede con su DNI y sin depender de listas confeccionadas por organizaciones, derivando gran parte de la ayuda al sistema de transferencia directa Ciudadanía Porteña y su billetera virtual.
El Gobierno oficializó la designación de la doctora Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Innovación tras la salida de Darío Genua. La especialista en inteligencia artificial fue impulsada por Diego Santilli para acelerar la transformación tecnológica estatal.
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Las tensiones con Irán obligan a los países del Golfo a buscar alternativas al estrecho de Ormuz para exportar petróleo. Aunque Arabia Saudí usa ductos hacia el mar Rojo, naciones como Kuwait o Catar enfrentan severas limitaciones geográficas.
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