La Justicia trabó la propiedad donde cumple la prisión domiciliaria, inmuebles en CABA y Santa Cruz, autos de alta gama y cuentas de la familia.
La Justicia trabó la propiedad donde cumple la prisión domiciliaria, inmuebles en CABA y Santa Cruz, autos de alta gama y cuentas de la familia.
En el marco de la ejecución de las penas impuestas por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó un masivo embargo sobre un conjunto de propiedades, empresas y activos vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su familia y otros condenados en el expediente. La medida incluye el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, lugar donde la exmandataria cumple actualmente la pena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La resolución judicial, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, busca avanzar con el decomiso de bienes para recuperar los 685.000 millones de pesos fijados como el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado por las maniobras de corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz. Desde el tribunal aclararon que la medida no implica un remate inmediato ni altera la titularidad de los inmuebles, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar cualquier intento de transferencia o venta.
Además del inmueble de San José 1111, el fallo alcanzó a un valioso patrimonio inmobiliario concentrado tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Santa Cruz. En el Área Metropolitana, se trabaron embargos sobre un dúplex, un departamento, una baulera y siete cocheras en el exclusivo complejo Madero Center, ubicado en Puerto Madero, activos pertenecientes a la familia Kirchner a través de sociedades comerciales.
En territorio patagónico, la orden judicial abarca múltiples terrenos y edificaciones emblemáticas. Entre ellos sobresale el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, así como el chalet particular de la expresidenta en la Avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner en El Calafate. Asimismo, se incluyeron diversas propiedades y viviendas situadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo, en la ciudad de Río Gallegos.
El dictamen del TOF N° 2 dispuso también la reinscripción de los embargos sobre un parque automotor perteneciente a los distintos involucrados en la causa. La nómina abarca una camioneta Honda CR-V a nombre de Cristina Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupé y un Torino pertenecientes al empresario Lázaro Báez; un Chevrolet Meriva del exsecretario de Obras Públicas José López; y rodados de los exfuncionarios Nelson Periotti, Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez.
Por otra parte, la Justicia dirigió un fuerte requerimiento al Banco Galicia, otorgándole un plazo perentorio de 24 horas para que informe sobre el estado actual de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro (una en pesos y otra en dólares) a nombre de Florencia Kirchner. Los magistrados libraron el oficio bajo apercibimiento de ley, debido a los reiterados incumplimientos en los que incurrió la entidad bancaria ante los pedidos de informes previos.
Al fundamentar la inclusión de los bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner —quienes no resultaron condenados en este juicio—, los magistrados recordaron que durante el debate oral quedó probado que el esquema de defraudación generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para todo el núcleo familiar Kirchner.
Según el fallo, se demostró la existencia de un entramado comercial sostenido en el tiempo, donde las firmas de Báez construyeron, alquilaron y explotaron los establecimientos hoteleros familiares mediante los vehículos societarios Los Sauces y Hotesur, justificando así la extensión de los embargos preventivos sobre la totalidad de la estructura patrimonial.
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