El Consejo de Mayo se reúne hoy por última vez para cerrar el informe final que enviará al Congreso. El Gobierno alista el paquete de extraordinarias, excluyendo la reforma previsional y de coparticipación, e incluyendo las reformas laboral y del Código Penal.
El Consejo de Mayo llevará a cabo su sexta y última reunión este martes a las 13:30 en la Casa Rosada. En este encuentro, el cuerpo consultivo, establecido por el gobierno de Javier Milei, se dedicará a finalizar los detalles del informe final que será remitido al Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo mantiene en reserva la composición definitiva de los proyectos de ley que acompañarán este documento durante las sesiones extraordinarias.
A pesar de los desacuerdos surgidos en la cita anterior, específicamente el rechazo del líder de la CGT, Gerardo Martínez, a la esencia de la reforma laboral propuesta, el Gobierno ha distribuido un borrador del informe a los representantes para su revisión técnica. La intención de la administración libertaria es dejar constancia en el documento tanto de los avances como de las posiciones sectoriales donde no se alcanzó el consenso.
La reunión final, que se desarrollará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, contará con la presencia de sus seis miembros: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el sindicalista Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Desde su creación el 24 de junio, el Consejo se reunió mensualmente para abordar los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado por el Presidente y cerca de veinte gobernadores en Tucumán. Los resultados de estas discusiones serán divulgados públicamente tras la sesión de este martes.
La presentación del paquete de reformas coincidirá con la formalización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, programadas entre el 10 y el 30 de diciembre. Sin embargo, los puntos 5 y 9 del Pacto, relacionados con la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, quedarán fuera de este período por su complejidad y serán abordados más adelante como parte de los cambios de “tercera generación”.
El temario oficial de la prórroga legislativa incluirá de manera estricta:
El Presupuesto 2026.
El proyecto de Inocencia Fiscal.
La Ley de Glaciares.
Una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal, prohibiendo leyes que generen déficit.
Las reformas del Código Penal y las reformas laborales.
A pesar de las objeciones de la central obrera respecto al articulado laboral, el Gobierno ratificó que impulsará su proyecto para que inicie el debate en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. La nueva jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, busca acelerar la reforma, aunque en el oficialismo se admite que su complejidad podría posponer la media sanción hasta enero o febrero. Se espera una dilación similar para el Código Penal, cuyo tratamiento podría extenderse hasta el período de sesiones ordinarias en marzo de 2026.
En paralelo a las actividades del Consejo, el Presidente ha conformado un equipo de coordinación para asegurar el apoyo legislativo necesario. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, trabajan en el alineamiento de los gobernadores aliados, mientras que el titular de Diputados, Martín Menem, y Patricia Bullrich operan en el Congreso. La coordinación política semanal se mantiene bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la participación del asesor Santiago Caputo.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
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