El Gobierno frenó la publicación del proyecto de reforma laboral, activando contactos informales con la CGT tras el rechazo sindical. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deslizó que el ítem más sensible, que afecta a la “caja gremial” y la cuota solidaria, podría ser excluido para negociar el apoyo en el Congreso.
El Poder Ejecutivo decidió suspender la publicación del texto final de la reforma laboral, a pesar de la promesa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de subirlo a la web oficial durante la tarde. Esta demora, que extendió la incertidumbre en el Congreso, revela la extrema sensibilidad política del proyecto y una revisión de último momento ante la presión de la cúpula sindical. Fuentes cercanas al oficialismo admitieron que la dilación se debe a la activación de un diálogo informal con la CGT, buscando atenuar los puntos más confrontativos antes de girar la iniciativa al debate legislativo. La necesidad de contar con votos aliados en el Parlamento choca con la retórica de confrontación que el Gobierno mantiene discursivamente contra la llamada “casta”.
El foco de la negociación se concentra en los mecanismos de financiamiento sindical, conocidos popularmente como la “caja gremial”. Un punto clave del proyecto original, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es la posible eliminación de la cuota solidaria. Esta contribución es vital para la central obrera, ya que obliga a los empleados no afiliados a aportar al sindicato por los beneficios obtenidos en el convenio colectivo. Adorni, en una conferencia matutina, dio a entender que las modificaciones más sensibles en materia gremial no formarían parte de este primer proyecto, sino que se incluirían en una “segunda ley”. De concretarse, la exclusión de este punto sería una victoria táctica para la CGT y una concesión del Gobierno para evitar una confrontación sindical total.
A pesar de la negación pública sobre los acercamientos, diversas fuentes confirmaron la existencia de contactos informales entre la Casa Rosada y la central obrera. Del lado gubernamental, la operación de acercamiento incluyó figuras clave como el ministro del Interior, Diego Santilli, el estratega Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Estos funcionarios trabajaron en las últimas horas para tender puentes con referentes sindicales como Gerardo Martínez (UOCRA), quien había pegado el faltazo a la última reunión del Consejo de Mayo como señal de rechazo al proyecto.
La contradicción entre el discurso público de enfrentamiento y la negociación privada es evidente. El Gobierno asegura que el proyecto ya está “terminado”, pero fuentes internas indican que se está a la espera del regreso del presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, desde Noruega, para que el mandatario selle el tono definitivo que tendrá la reforma en lo referente a los gremios. Este movimiento de último momento demuestra que la necesidad de evitar un “plan de acción” sindical, que la CGT ya convocó para mañana, pesa más que la velocidad en la implementación de las reformas.
En el Congreso, tanto en el Senado como en Diputados, la expectativa por recibir los textos de la reforma laboral y otros proyectos para las sesiones extraordinarias es alta. Sin embargo, la demora sugiere que el Ejecutivo ha optado por un camino de la cautela antes que el de la confrontación directa. La exclusión de la cuota solidaria se perfila como la clave de la negociación, un precio que el Gobierno estaría dispuesto a pagar para asegurar la gobernabilidad mínima y concentrar el debate legislativo en los puntos económicos de mayor impacto, como el nuevo régimen de indemnizaciones y las modalidades de contratación.
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