baja de imputabilidad: el trasfondo social del fallo de la jueza De Marinis y su defensa ante el pedido de destitución

La decisión de declarar inconstitucional la reciente baja de la edad de punibilidad en un caso de tentativa de robo abrió una profunda grieta institucional en la Argentina. En el centro del huracán se encuentra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien enfrenta una embestida coordinada del poder político y judicial que busca apartarla de su cargo mediante un jury de enjuiciamiento.

Lejos de resguardarse en el silencio de su despacho, la magistrada decidió salir a explicar los pormenores jurídicos y sociales que motivaron su polémica resolución. En su única intervención mediática, el diálogo fue con Gustavo Grabia y Ernesto Tenembaum en el aire de Radio Con Vos, donde la jueza defendió su accionar, apuntó contra las falencias estructurales del Estado y advirtió sobre el peligro que representan las amenazas políticas para la independencia del Poder Judicial.

La amenaza del jury y la defensa de la magistrada

La reacción del oficialismo frente al sobreseimiento del adolescente de 14 años fue inmediata y letal. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue el primero en anunciar que pedirían el juicio político, argumentando que “CABA no va a tener una Justicia garantista”. A él se sumó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien sentenció que el fallo estaba “manchado de sangre”, y la senadora Patricia Bullrich, que acusó a los jueces de esta índole de “construir impunidad”. En paralelo, los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra apelaron el dictamen solicitando apartar formalmente a De Marinis por “arbitrariedad”.

Frente a esta avanzada, De Marinis fue categórica. En su argumentación pública, aclaró que ella no falló en abstracto ni suspendió la ley de forma general —como ocurrió semanas atrás en Lomas de Zamora con la jueza Marta Pascual—, sino que respondió a un pedido concreto de la defensa oficial y la Asesoría Tutelar circunscrito a este expediente.

Sobre la amenaza de destitución, la jueza no ocultó su preocupación institucional: “No puedo ejercer mi rol como jueza con tranquilidad si cada vez que voy a resolver tengo que estar mirando qué va a decir el poder político sobre mi puesto de trabajo”. Además, remarcó que el proceso porteño garantiza la apelación y que la vía institucional correcta es que la Cámara revise su fallo, no que se amenace con destituir a quien piensa diferente mediante un juicio político, lo cual “debilita profundamente las instituciones democráticas”.

El peso de una amonestación y el desamparo estatal

Uno de los puntos más álgidos del debate jurídico radica en la sanción que la nueva ley preveía para el joven. Los críticos del fallo sostenían que el menor no iría a la cárcel por una tentativa de robo, sino que recibiría una sanción leve, como una amonestación.

Sin embargo, De Marinis desarticuló esa premisa técnica. Explicó que una amonestación en el fuero penal no es inocua: constituye un antecedente formal. “Si hay muchas amonestaciones, el día de mañana puede terminar preso. Someterlo a proceso penal ya es una consecuencia”, argumentó la jueza. Basándose en la Convención de los Derechos del Niño y en jurisprudencia de la Corte Suprema, subrayó que la intervención penal debe ser siempre la última ratio (el último recurso) del Estado.

El problema medular del caso “M.I.A.” es que la intervención penal pretendía ser la primera y única llegada del Estado a una vida marcada por la extrema marginalidad. El expediente expone una cruda radiografía: un chico de 14 años con un padre ausente, una madre desempleada que sufre epilepsia severa y un hermano mayor que acaba de perder el trabajo. La familia sobrevive a base de bolsones de comida en una casa a la que le cortaron el gas por falta de pago. En su indagatoria, el chico fue transparente respecto a su desesperación: “Pretendo ayudar a mi mamá como sea, ir al colegio y empezar boxeo”.

“No podemos castigar a los niños por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, plasmó De Marinis en su resolución. Si hubieran existido estrategias estatales previas (escolarización, asistencia alimentaria, contención psicológica), la jueza reconoció que su fallo podría haber sido distinto. Pero ante la ausencia total, ordenó que intervenga el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en lugar del sistema punitivo.

Respaldo de organismos y antecedentes de la jueza

Mientras la política presiona, un amplio bloque de organismos de Derechos Humanos salió a blindar a De Marinis. La abogada penalista Claudia Cesaroni tildó de “muy grave” la utilización del término “garantista” como si fuera un insulto por parte de un funcionario público. Entidades como la Asamblea por las Infancias y Adolescencias (APIABA) y la Asociación Argentina de Magistrados (AJUNAF) repudiaron la mirada exclusivamente punitivista del Gobierno y advirtieron que el sistema penal solo sirve para cristalizar el desamparo de los sectores más vulnerables.

El perfil de Laura De Marinis ya había generado ruido en los pasillos de Tribunales. Con una larga trayectoria en la Justicia desde 2006, juró como jueza recién en diciembre de 2023. Apenas once días después, le tocó intervenir en el mediático caso de Arturo López (el playero salvajemente golpeado), donde decidió levantarle la prisión domiciliaria al agresor por contar con tobillera electrónica.

Fiel a una cosmovisión poco ortodoxa, la magistrada suele reflexionar sobre el derecho con una fuerte impronta social. Tiempo atrás, musicalizó una entrevista de streaming con una canción de Lali Espósito para explicar que “a veces el malo no siempre paga”. Hoy, esa misma jueza se enfrenta al peso del aparato estatal por negarse a que el sistema penal sea la única respuesta para un chico que, antes de intentar robar, fue abandonado por el propio Estado.