Congreso de brasil reduce penas a Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría bajar la condena de 27 años del expresidente Jair Bolsonaro a poco más de dos años en régimen cerrado. La norma, votada por 291 a favor y 148 en contra, ahora pasa al Senado para su revisión.

El Partido de los Trabajadores de Lula votó en contra. Foto: Redes Sociales.

Sesión marcada por tensiones

La votación ocurrió este miércoles en un ambiente cargado. El diputado Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad, intentó bloquear la sesión ocupando la presidencia de la Cámara, pero fue retirado por la fuerza.

El presidente Hugo Motta ordenó expulsar a los periodistas y cortar la transmisión, lo que generó protestas y forcejeos en el hemiciclo. Paulinho da Força, diputado del Solidariedade y relator del proyecto, defendió la medida como paso para pacificar el país sin amnistía total.​

Mecanismos de la reforma penal

El texto unifica las penas por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, aplicando solo la más grave, de hasta 12 años.

Reduce el tiempo para pasar de régimen cerrado a semiabierto del 25% al 6% de la condena, incluso en casos violentos. Permite descuentos por trabajo o estudio. Para Bolsonaro, condenado por cinco delitos relacionados con los ataques del 8 de enero de 2023, esto implicaría unos dos años y cuatro meses en prisión efectiva. La norma beneficia también a militares y otros implicados en la trama.​

Contexto político y familiar

El proyecto surge tras la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, quien sugirió un “precio” para retirarla. Negociaciones involucraron al Centrão y el Partido Liberal de Bolsonaro.

El Partido de los Trabajadores de Lula votó en contra y lo calificó de amnistía disfrazada. Bolsonaro cumple pena en una comisaría de Brasilia tras sabotear su tobillera electrónica, con pedido reciente de traslado hospitalario.​

El Senado, liderado por Davi Alcolumbre, planea debatirlo antes de fin de año. Lula deberá sancionarlo o vetarlo, enfrentando un dilema entre pacificación y rigor judicial. El Supremo Tribunal Federal podría intervenir si detecta conflictos. Más de 600 personas recibieron condenas por los hechos de 2023.​

La medida busca equilibrio entre justicia y estabilidad, pero genera debate sobre sus efectos en la democracia brasileña.

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