La Guardia Costera y el FBI confiscaron un buque vinculado al transporte de crudo sancionado en aguas internacionales. La acción busca frenar financiamiento a grupos terroristas y forma parte de la escalada militar estadounidense en el Caribe.
La Guardia Costera y el FBI confiscaron un buque vinculado al transporte de crudo sancionado en aguas internacionales. La acción busca frenar financiamiento a grupos terroristas y forma parte de la escalada militar estadounidense en el Caribe.
El Gobierno de Estados Unidos informó que una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y con apoyo del Departamento de Defensa, llevó a cabo la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela.
Este buque, sancionado por Estados Unidos durante varios años, se vinculaba al transporte ilícito de petróleo venezolano e iraní, presuntamente destinado a financiar organizaciones calificadas como terroristas por Washington.
La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, divulgó imágenes del operativo, que se desarrolló en aguas internacionales y de forma segura. Según fuentes oficiales, esta acción se inscribe dentro de las medidas para impedir el tráfico ilegal de hidrocarburos y el financiamiento de redes terroristas mediante el uso de “petroleros fantasma” que cambian de identidad para evadir sanciones.
Donald Trump, quien anticipó el operativo, calificó al buque como “el petrolero más grande jamás incautado” y adelantó que otras acciones similares podrían ocurrir en el marco de la presión estadounidense en la región.
Las sanciones estadounidenses sobre el petróleo venezolano, iniciadas en 2019 e incluyendo la petrolera estatal PDVSA, han limitado severamente las ventas directas en mercados internacionales.
La mayor parte del crudo, con producción estimada en alrededor de un millón de barriles diarios, se comercializa a precios reducidos mediante intermediarios y mercados clandestinos, principalmente hacia Asia.
La incautación del petrolero podría aumentar la reticencia de operadores navales a participar en el transporte de crudo venezolano, intensificando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Este contexto se enmarca en una escalada diplomática, económica y militar por parte de Estados Unidos, que últimamente ha ejecutado más de veinte ataques contra embarcaciones asociadas al narcotráfico en el Caribe, con un saldo de al menos 87 tripulantes fallecidos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro condenó la acción, calificándola de intervencionismo ilegal y llamando a la movilización ciudadana ante las amenazas de Estados Unidos. Por otro lado, el dirigente opositor Carlos Paparoni señaló que el buque incautado, identificado como AZURE, operaba para colocar petróleo en el mercado negro internacional.
Además, la escalada militar estadounidense incluye un despliegue sin precedentes en el Caribe desde la crisis de los misiles cubanos, con portaaviones, aviones de combate y un importante contingente de soldados desplegados en la región.
Trump, en declaraciones recientes, afirmó que los “días de Maduro están contados” y mencionó la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela, sin ofrecer detalles específicos.
La incautación del petrolero frente a Venezuela ejemplifica una estrategia más amplia de Estados Unidos para aislar económica y políticamente al gobierno venezolano mediante sanciones y presión militar en la región.
Sin embargo, surgen interrogantes sobre las repercusiones que estas acciones pueden tener en la estabilidad regional, la economía venezolana y los mecanismos legales internacionales para operaciones de este tipo en aguas internacionales.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
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