El tratamiento en comisión de la reforma laboral en el Senado argentino se postergará debido a que el proyecto aún no fue enviado formalmente por el Poder Ejecutivo, que espera la firma del presidente Javier Milei.
El tratamiento en comisión de la reforma laboral en el Senado argentino se postergará debido a que el proyecto aún no fue enviado formalmente por el Poder Ejecutivo, que espera la firma del presidente Javier Milei.
El oficialismo había impulsado un trámite exprés para avanzar rápidamente, pero la ausencia del mandatario, que regresaba desde Noruega tras asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, dilató el inicio del debate.
La demora fue confirmada por Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, quien explicó que sin el proyecto no se pudo constituir la Comisión de Trabajo ni avanzar en la agenda legislativa. Bullrich confirmó que, aunque la comisión podría conformarse en los próximos días, el debate no comenzaría antes de la semana próxima.
En reuniones previas entre Bullrich y la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, se abordó este retraso, que responde a dificultades que derivan del momento político y administrativo. Villarruel acordó convocar a una reunión de jefes de bloque, prevista para el martes siguiente, donde se definirá la conformación de comisiones y la agenda de trabajo para el resto del período.
La división parlamentaria experimentó novedades recientes. El senador Luis Juez abandonó el bloque Pro para formar un monobloque llamado Frente Cívico, que se integrará al interbloque oficialista con LLA, fortaleciendo así su mayoría con 21 integrantes. Esto le otorga mayor peso a la alianza para disputar espacios en las comisiones. En contraste, la bancada Pro redujo su representación a tres integrantes, tras la salida de Juez y la anterior baja de Beatriz Ávila.
Un punto adicional en la agenda legislativa es el reemplazo de Lorena Villaverde, quien renunció sin asumir su banca por antecedentes penales, por Enzo Fullone, quien aún debe jurar. Esto también condiciona la planificación del oficialismo.
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) intensifica su rechazo hacia el proyecto de reforma laboral, que considera retrocesos en derechos laborales.
La central sindical ha convocado a su consejo directivo para consolidar una postura contra la iniciativa y se reunió con legisladores peronistas para analizar el impacto en sectores específicos y el aumento de los costos laborales.
Su presión se suma a las tensiones internas dentro del oficialismo y a la incertidumbre por el retraso en la llegada del proyecto al Congreso.
El Ejecutivo evalúa los cambios políticos y técnicos en el proyecto, demorando su publicación y ajuste final. Ante esta realidad, la agenda legislativa para diciembre se vuelve compleja, con pocas expectativas de sancionar la reforma laboral antes del cierre del año.
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