El Presidente Javier Milei envió un proyecto al Congreso para reformar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. La iniciativa busca transferir competencias a las provincias del control del ambiente periglacial.
El Presidente Javier Milei envió un proyecto al Congreso para reformar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. La iniciativa busca transferir competencias a las provincias del control del ambiente periglacial.
El presidente Javier Milei, a través de la Oficina del Presidente, confirmó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto que busca reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en el año 2010.
La iniciativa del Ejecutivo se presentó este lunes con el objetivo central de “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional“.
El comunicado oficial plantea una crítica frontal a la normativa vigente, que data de hace quince años. El Gobierno sostiene que la Ley 26.639 ha demostrado “graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
La reforma propuesta por el oficialismo apunta a redefinir conceptos clave de la ley, especialmente la figura del controvertido ambiente periglacial.
La legislación actual define el glaciar como una masa de hielo perenne estable, mientras que el ambiente periglacial es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera, entre otras actividades, en ambas zonas, protegiendo así las reservas de agua dulce.
Según la Oficina de la Presidencia, el proyecto busca establecer “reglas claras” que protegen “los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva“, fortalecen los estándares ambientales, y eliminan la discrecionalidad que, afirman, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
El núcleo de la modificación se apoya en dos pilares constitucionales. El Gobierno reafirma el artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
En este marco de lo que denomina “federalismo ambiental“, la iniciativa busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental.
El proyecto reconoce la capacidad técnica de las provincias y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares para la toma de decisiones. Este enfoque permitiría a las jurisdicciones locales determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por ende, quedan o no bajo protección legal.
La propuesta surge en respuesta a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). De hecho, el presidente Milei reconoció que la idea fue del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conversada con las otras provincias cupríferas.
Las empresas del sector minero respaldan la modificación, afirmando que una flexibilización de la Ley de Glaciares destrabaría la posibilidad de inversiones por hasta 35.000 millones de dólares, principalmente para proyectos de explotación de cobre.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, detalló que el 75% de la superficie de los proyectos de cobre anunciados necesitan una aclaratoria de la ley debido a que se encuentran en áreas consideradas periglaciares.
Paralelamente, más de veinticinco organizaciones ambientales de todo el país expresaron su preocupación ante la potencial reforma. Desde las organizaciones señalaron que modificar la ley implicaría habilitar actividades económicas, como la minería de gran escala, con un alto impacto ambiental y el riesgo de pérdida del agua dulce almacenada.
El proyecto de reforma, que busca una utilización racional de los recursos naturales sin alterar el carácter estratégico de los glaciares como reservas hídricas, pone en tensión los principios de desarrollo económico federal con el mandato de protección ambiental nacional. Mientras la administración
Milei persigue la liberación de las fuerzas productivas y el ingreso de inversiones multimillonarias, el debate en el Congreso se centrará en si la delegación de competencias a las provincias sobre el ambiente periglacial garantiza la preservación efectiva del recurso hídrico para las generaciones futuras.
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