Las agresivas políticas migratorias de Donald Trump han empañado la Navidad para miles de familias en Estados Unidos. Entre deportaciones, detenciones y la oferta de bonos por salida voluntaria, muchos migrantes viven las fiestas con angustia, priorizando la supervivencia y la unidad.
Las festividades de fin de año en Estados Unidos han adquirido un tono sombrío para miles de familias extranjeras, quienes enfrentan la etapa más agresiva de las políticas migratorias actuales. Mientras los hogares estadounidenses se iluminan, en comunidades de Florida, Nueva York y Michigan el ambiente es de parálisis y temor. Historias como la de Oscar Casanella, un activista cubano cuya familia vive en vilo esperando un asilo que no llega, reflejan una realidad donde los niños, en sus cartas a Papá Noel, ya no piden juguetes, sino la permanencia legal de sus padres para evitar el regreso a regímenes autoritarios.
La presión gubernamental no ha dado tregua ni siquiera por el significado religioso de estas fechas. Pese a los ruegos de la Iglesia Católica para suspender las detenciones durante las fiestas, la Casa Blanca ha intensificado sus operativos. El Departamento de Seguridad Nacional ha llegado a ofrecer un “incentivo económico” de 3.000 dólares para quienes acepten la autodeportación antes de enero, calificando este acto como un “regalo” para la seguridad nacional. Las cifras oficiales avalan esta dureza: más de 600.000 expulsiones y una caída drástica en los cruces fronterizos marcan el balance de una administración que busca cerrar el 2025 con victorias en materia de control migratorio.
El impacto humano se traduce en mesas vacías y sillas ausentes. En centros de detención como Krome, en Miami, hombres jóvenes como Harold Martínez pasan la Nochebuena aislados de sus hijos recién nacidos, enfrentando condiciones de salud precarias y la negación sistemática de fianzas. En otros casos, el luto es por la incertidumbre absoluta, como ocurre con la familia de Elmer Escobar, un salvadoreño trasladado por la fuerza a su país de origen sin que sus abogados logren determinar su paradero exacto. Para estos núcleos familiares, el espíritu navideño ha sido sustituido por una vigilia constante frente al teléfono.
No obstante, en medio del asedio, surgen relatos de resistencia y solidaridad comunitaria. Algunas familias que lograron recuperar a sus seres queridos tras pasar por centros de detención gracias al apoyo de organizaciones religiosas y fondos de fianza, intentan reconstruir sus tradiciones con celebraciones austeras. Para ellos, el simple hecho de compartir una cena en pijama representa un triunfo frente a un sistema que intenta despojarlos de su vida cotidiana. Sin embargo, para la mayoría, el deseo de Año Nuevo es compartido: que el 2026 traiga el fin de una pesadilla que ha fracturado la esencia misma del reencuentro familiar.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
