En un movimiento que sacude los cimientos del fútbol argentino, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En un movimiento que sacude los cimientos del fútbol argentino, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión judicial busca rastrear la ruta del dinero y determinar si existieron retornos o maniobras de blanqueo a través de sociedades ligadas al entorno del dirigente. La lupa está puesta sobre los contratos firmados por la AFA con empresas internacionales para la explotación de derechos de imagen y eventos, los cuales habrían sido triangulados mediante la financiera de la calle Humahuaca. Según la fiscal Cecilia Incardona, el levantamiento del secreto es “medida indispensable” para cotejar los ingresos declarados por Tapia con sus movimientos financieros reales y los de sus allegados más cercanos.
Esta resolución se suma a los allanamientos realizados en la sede de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, donde se secuestró documentación sobre el sponsoreo de la indumentaria de entrenamiento y acuerdos de “fan engagement”. Los investigadores sospechan que una parte sustancial de esos ingresos nunca llegó a las arcas de la asociación, sino que fue desviada hacia cuentas offshore y sociedades manejadas por prestanombres vinculados al empresario Javier Faroni, quien también está bajo investigación y con prohibición de salida del país.
Desde una perspectiva institucional, el caso representa la mayor amenaza legal para el liderazgo de Tapia desde que asumió el mando del fútbol nacional. La sospecha de que la estructura de la AFA fue utilizada para el lavado de dinero de una “cueva” financiera pone en alerta no solo a los clubes locales, sino también a los organismos internacionales como la CONMEBOL y la FIFA, que exigen estrictos estándares de integridad financiera. El entorno del dirigente, por su parte, niega las acusaciones y atribuye la causa a una persecución política impulsada por el conflicto entre el Gobierno y la conducción del fútbol.
Para el público y los socios de los clubes, el avance de la justicia sobre el patrimonio personal de los directivos marca un precedente de rendición de cuentas. En los próximos días, la AFIP y el Banco Central deberán remitir al juzgado los registros de las cuentas, tarjetas de crédito y participaciones societarias de Tapia desde 2021 hasta la actualidad. El peritaje de estos datos, cruzado con la información hallada en los servidores de Sur Finanzas, podría derivar en llamados a indagatoria y en un cambio radical en la estructura de poder del deporte más popular del país.
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