En el inicio de este 2026, diversas organizaciones no gubernamentales informaron la liberación de un grupo de personas arrestadas tras los comicios de 2024.
En el inicio de este 2026, diversas organizaciones no gubernamentales informaron la liberación de un grupo de personas arrestadas tras los comicios de 2024.
Durante la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, se reportó la excarcelación de al menos 87 personas calificadas como presos políticos en Venezuela.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, las liberaciones se concentraron principalmente en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, y en la cárcel Rodeo I, en Miranda.
Los beneficiarios de esta medida fueron trasladados en autobuses desde las primeras horas de la madrugada. A pesar de abandonar los centros de reclusión, las organizaciones advirtieron que los liberados no gozan de libertad plena, ya que mantienen procesos judiciales abiertos y se les han impuesto medidas cautelares.
Estas detenciones se originaron tras las elecciones presidenciales de 2024, proceso que la oposición —liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia— denunció como fraudulento. Aquella crisis desató una ola de represión que dejó un saldo de:
28 víctimas fatales documentadas durante las protestas.
Aproximadamente 2.400 arrestos efectuados por las fuerzas de seguridad.
Un remanente de más de 700 personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos en el país.
Pese a estas liberaciones, que se suman a otro grupo de 99 personas anunciado el pasado 25 de diciembre, la oposición y expertos de la ONU han alertado sobre un recrudecimiento de la persecución política. Se ha denunciado el uso de una estrategia de “puerta giratoria”, donde el Estado libera a algunos prisioneros mientras detiene a nuevos actores sociales y políticos.
Recientemente, el Servicio de Inteligencia (Sebin) detuvo a figuras clave como José Elías Torres, líder sindical, y a Nicmer Evans, director de un portal de noticias, cuyos familiares denuncian como desapariciones forzadas.
Desde su exilio en España, Edmundo González Urrutia calificó a los detenidos como “rehenes” utilizados por el poder para ejercer control social.
Este movimiento en las cárceles venezolanas coincide con una escalada en la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde agosto, Washington ha ejecutado acciones contundentes que incluyen:
La movilización de tropas al Mar Caribe.
Un cierre informal del espacio aéreo venezolano.
La incautación de buques petroleros sancionados en cercanías de las costas nacionales.
Ante este panorama, las ONGs insisten en que la única solución viable es una amnistía general que garantice la libertad plena y sin condiciones para todos los ciudadanos detenidos arbitrariamente por razones ideológicas.
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