El Superior Tribunal de Justicia chaqueño suspendió el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) tras pedido de la ONG Conciencia Solidaria. La medida cautelar frena toda explotación maderera desde el 16 de diciembre de 2025. Empresarios advierten riesgo para el 40% del empleo privado provincial.
La actividad forestal y maderera en la provincia del Chaco se encuentra totalmente paralizada tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La máxima instancia judicial hizo lugar a una medida cautelar presentada por la asociación civil “Conciencia Solidaria”, que solicita la inconstitucionalidad del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regulado por las leyes 4005-R y 4152-R.
La resolución judicial, ratificada mediante una aclaratoria el pasado 23 de diciembre, establece la suspensión de cualquier acto administrativo que derive de las normas cuestionadas. Esto incluye la emisión de nuevos permisos, autorizaciones o habilitaciones que impliquen el cambio de uso de suelo, desmontes o intervenciones en el bosque nativo. Según el tribunal, la decisión busca evitar daños ambientales irreversibles mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Desde el sector productivo, el impacto se describe como una interrupción total de la cadena de suministros. Miguel Ángel López, referente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (Aefoch), señaló que la medida afecta a aserraderos, carboneras y plantas de tanino.
Los representantes gremiales advierten que esta situación compromete el 40% del empleo privado de la provincia, dado que la industria forestal representa el 20% de las exportaciones de la jurisdicción.
Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Muebles de Madera y Afines indicó que la falta de reglas claras genera inseguridad jurídica para las inversiones. José Luis Fogar, asesor legal del organismo, explicó que el OTBN vigente había sido aprobado por la Legislatura provincial tras cinco años de debate, cumpliendo con la Ley Nacional 26.331 (Ley de Bosques). Sin embargo, los sectores ambientalistas sostienen que el diseño actual es regresivo y viola principios constitucionales de protección ambiental.
Un punto de tensión en el conflicto es la distinción entre el aprovechamiento forestal sustentable y el desmonte masivo. Mientras que la industria maderera afirma trabajar con el bosque en pie y verse perjudicada por la sobreoferta de madera proveniente de talas ilegales, el fallo judicial no discrimina entre tipos de intervención.
Al respecto, el STJ aclaró que el Poder Ejecutivo mantiene su poder de policía para fiscalizar y controlar actividades ilegales, independientemente de la suspensión del marco normativo para la actividad regulada.
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La suspensión del ordenamiento territorial coloca a la provincia en una encrucijada entre la protección de sus recursos naturales y la estabilidad de su principal sector productivo privado. Ante la falta de permisos vigentes y la ausencia de diálogo entre las partes, queda por ver si las autoridades podrán diseñar un nuevo marco regulatorio que logre el consenso jurídico y ambiental necesario para reactivar la industria.
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