Mientras unos formaban un cordón para impedir que los amigos de Fernando intervinieran, otros descargaron una lluvia de patadas y golpes de puño sobre el joven, quien ya se encontraba inconsciente en el suelo. Los testigos recordarán siempre la saña de los impactos, particularmente los dirigidos a la cabeza, ejecutados con la precisión de quien busca causar un daño irreversible. Fue un ataque bajo la modalidad de manada, donde la superioridad numérica anuló cualquier posibilidad de defensa.
La investigación posterior y el juicio histórico confirmaron que el grupo actuó con un plan criminal. Los registros de audio y los mensajes de WhatsApp enviados minutos después del ataque —donde se hablaba de que la víctima “caducó”— desnudaron una frialdad absoluta frente a la tragedia. La cronología del crimen revela que no fue una pelea, sino una ejecución en la vía pública, rodeada de jóvenes que, entre la parálisis y el horror, filmaron el final de una vida.
Hoy, la crónica de esos cincuenta segundos debe servir como un espejo doloroso para la sociedad. El tratamiento judicial del caso no solo buscó la condena de los culpables, sino que expuso la necesidad de erradicar la violencia estructural en los espacios de ocio nocturno. La memoria de Fernando Báez Sosa persiste como un reclamo de justicia y como una advertencia sobre cómo el odio y la deshumanización pueden destruir familias enteras en menos de un minuto.
La sentencia dictada por el Tribunal de Dolores marcó un antes y un después, pero la herida social permanece abierta. Analizar la secuencia del crimen es entender que la tragedia fue el resultado de una suma de complicidades y de una cultura de la agresividad que, aquella noche, no encontró freno alguno frente a la puerta de un boliche.