Una trama de presuntos sobreprecios y pliegos direccionados sacude a NASA y compllican al Demian Reidel.
Una trama de presuntos sobreprecios y pliegos direccionados sacude a NASA y compllican al Demian Reidel.
La crisis interna en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) ingresó esta semana en una etapa más delicada, atravesada por denuncias judiciales, acusaciones de direccionamiento en licitaciones y una fuerte tensión en la conducción designada por el titular de la compañía, Demian Reidel. Tras revelaciones periodísticas recientes, el directorio decidió apartar a dos funcionarios cercanos al presidente del organismo, pero nuevas presentaciones sugieren que el problema podría exceder un único expediente y responder a un patrón más amplio.
El caso que disparó el escándalo fue una licitación vinculada al servicio de limpieza en centrales nucleares, un rubro sensible por el tipo de instalaciones y los protocolos de seguridad que requiere. Una denuncia interna advirtió que la empresa LX Argentina estaba en condiciones de ser adjudicataria con una oferta que superaba en más de un 140% los costos históricos del servicio y los valores de referencia utilizados por la propia compañía. El documento alertaba sobre presiones internas, intentos de alterar informes técnicos y un posible perjuicio económico para el Estado.
La presentación fue firmada por Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de planta de Atucha I-II, quien elevó la advertencia al Comité de Integridad de la firma. Frente a la gravedad del planteo, el directorio resolvió frenar el proceso de contratación y separar a dos funcionarios clave: Marcelo Famá, gerente general, y Hernán Pantuso, gerente de Coordinación Administrativa, ambos identificados como hombres de confianza de Reidel.
En reemplazo de Famá fue designado Fernando Monserrat, un dirigente con trayectoria previa en el mismo cargo y buen reconocimiento entre trabajadores del sector. Las funciones de Pantuso quedaron temporalmente bajo la órbita de Ricardo Matuk, responsable del área de Administración y Finanzas.
Sin embargo, la salida de ambos funcionarios no detuvo la escalada. Fuentes internas aseguran que el clima dentro de NASA se volvió más tenso a partir de la aparición de nuevas denuncias. Entre ellas, una presentación de la empresa M&G Facility Service, que cuestionó requisitos de admisibilidad incluidos en distintos pliegos y denunció exclusiones discrecionales. Además, se mencionan numerosas denuncias anónimas, mecanismo previsto por el reglamento del Comité, que refuerzan la percepción de una crisis institucional más profunda.
Un antecedente judicial previo
El elemento más inquietante, sin embargo, antecede al estallido mediático. Antes de que se conociera públicamente la denuncia por el contrato de limpieza, la firma Distribón SRL ya había recurrido a la Justicia Federal para impugnar otro proceso licitatorio de NASA por presunto direccionamiento.
Distribón buscaba competir en servicios similares dentro de áreas que exigen equipamiento especial y protocolos vinculados a la presencia de residuos radioactivos. Su presentación fue firmada por el empresario Alejandro Davison, quien solicitó una medida cautelar para suspender la licitación. El juez Oscar Papavero, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°1 de San Martín, no frenó el proceso, aunque dejó abierta la discusión de fondo sobre la legalidad del procedimiento. El expediente fue remitido luego al juzgado federal con competencia territorial en Campana, y la firma espera reanudación de actuaciones tras la feria judicial.
Según la denuncia, NASA habría incorporado exigencias consideradas arbitrarias: dotaciones mínimas de personal desproporcionadas, requisitos de antigüedad empresarial y certificaciones técnicas que, a juicio del denunciante, no guardaban relación directa con el objeto de la contratación.
Además, la empresa cuestionó los plazos establecidos: solo 15 días para presentar ofertas pese al enorme volumen de documentación requerida. “Pese a tratarse de un servicio de complejas especificaciones técnicas, fue convocado con plazos exiguos, generando sospechas por cláusulas direccionadas”, sostuvo la denuncia judicial.
Davison también envió cartas al directorio en octubre, semanas antes del caso LX Argentina, alertando sobre las condiciones impuestas. En una de ellas, expuso un ejemplo concreto: se exigía contar con una planta permanente de 500 trabajadores cuando Distribón ejecutaba el servicio desde hacía cuatro años con una dotación menor, sin cuestionamientos previos.
Directorio fracturado y sospechas persistentes
El conflicto terminó de partir al directorio. En la denuncia interna, Nolasco remarcó que los cambios en los requisitos dejaron afuera a la mayoría de las empresas oferentes: de nueve compañías presentadas, solo dos lograron ser admitidas. Días después, otra firma, Limpiolux, fue incorporada de hecho como posible proveedora pese a no haber superado instancias técnicas previas.
Las empresas admitidas ofertaron montos significativamente superiores a los valores actuales. Entre ellas, LX Argentina resultaba la opción “más económica” dentro de un esquema general de precios elevados, lo que alimentó sospechas sobre su favoritismo.
Mientras tanto, ni Reidel ni el directorio respondieron públicamente a los cuestionamientos. En sectores internos de NASA, crece la sensación de que las denuncias previas anticiparon un patrón: modificaciones en pliegos que no serían neutras, sino funcionales a beneficiar a un grupo reducido de oferentes.
En un organismo estratégico para el sistema energético nacional, la acumulación de denuncias internas y judiciales abre un escenario de alta fragilidad institucional, en el que las decisiones sobre contrataciones, transparencia y control interno quedarán bajo observación política y judicial en los próximos meses.
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