Empresas de colectivos evalúan denunciar a Metropol por subsidios

El conflicto por la distribución de subsidios al transporte público sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alto voltaje. Empresas de colectivos analizan avanzar con una denuncia penal contra el grupo Metropol, al que acusan de haber adulterado datos del sistema SUBE para cobrar compensaciones estatales superiores a las que le corresponderían. La posible acción judicial se da en paralelo a un reclamo administrativo que, según los denunciantes, lleva meses sin respuesta por parte del Gobierno.

La iniciativa es impulsada por Monsa, a través de su presidente, Marcelo Pasciuto, quien confirmó que en los próximos días podría formalizarse una presentación penal. De acuerdo con su planteo, la maniobra habría permitido a Metropol beneficiarse de manera indebida con una suma cercana a los 30.000 millones de pesos, en un contexto de fuerte tensión financiera para el sistema de transporte.

El núcleo de la acusación gira en torno al esquema de subsidios asociado a la longitud de los recorridos. Según Pasciuto, el sistema otorga mayores compensaciones a los trayectos más largos, por lo que existiría un incentivo a “intercambiar” o reclasificar viajes extensos como cortos en la información registrada por la SUBE, con el objetivo de inflar los montos percibidos. Este mecanismo se habría visto facilitado tras un cambio en la metodología de liquidación implementado en octubre de 2024.

Las diferencias tarifarias explican la magnitud del reclamo. Para los recorridos de hasta 3 kilómetros, la tarifa con subsidio ronda los 495 pesos, mientras que sin asistencia estatal superaría los 890. En los tramos más extensos, de hasta 27 kilómetros, la brecha es mucho mayor: el boleto subsidiado se ubica cerca de los 636 pesos, frente a un valor real que superaría los 2.000 pesos. En ese esquema, cualquier alteración en la carga de datos impacta directamente en el reparto de fondos públicos.

El malestar empresarial no es nuevo. Cuatro de las cinco cámaras del sector enviaron a fines de diciembre una nota formal a la Secretaría de Transporte para advertir sobre presuntas irregularidades vinculadas a Metropol. Días después, presentaron un nuevo reclamo sin obtener respuesta. El tema ganó visibilidad mediática a mediados de enero y coincidió, poco después, con la salida del entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini, un hecho que los empresarios leen como parte de un escenario de desorden institucional.

Según Pasciuto, la situación generó un perjuicio directo al resto de las compañías, ya que los fondos que habría cobrado Metropol de más deberían haberse redistribuido entre los demás operadores. “Es una diferencia que alguien tiene que devolver”, sostienen desde el sector, al tiempo que remarcan que la falta de controles profundiza la desigualdad entre empresas que operan bajo el mismo régimen.

En ese contexto, el dirigente también salió al cruce de versiones que buscan relativizar la denuncia. Desestimó una acusación que Metropol había presentado años atrás contra Monsa por supuestas irregularidades en el gasoil subsidiado, señalando que fue investigada y descartada por la CNRT y por una universidad pública. Además, negó que el conflicto actual esté vinculado a la importación de colectivos eléctricos chinos, al afirmar que varias empresas del sector también adquirieron unidades de ese origen.

Mientras los abogados terminan de definir la estrategia judicial, el caso vuelve a poner bajo la lupa el sistema de subsidios al transporte, su transparencia y la capacidad del Estado para auditar un esquema que mueve miles de millones de pesos y resulta clave para el funcionamiento cotidiano de las ciudades.