España expulsó al embajador de Nicaragua y a su adjunto como respuesta recíproca al desalojo previo de la delegación española en Managua. El incidente agrava la crisis diplomática y el aislamiento del régimen de Ortega, cuestionado internacionalmente por su represión política.
La tensión entre España y Nicaragua ha alcanzado un nuevo punto de quiebre tras la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid de declarar personas no gratas al embajador Maurizio Carlo Gelli y a un colaborador cercano. Esta medida de represalia surge como respuesta directa al desalojo forzoso de Sergio Farré Salvá, jefe de la misión española en el país centroamericano, y de su segundo al mando, quienes fueron forzados a abandonar la nación este domingo por orden directa del Ejecutivo sandinista. Aunque el Palacio de Santa Cruz ha manifestado su voluntad de mantener vínculos con la ciudadanía nicaragüense, la salida de los diplomáticos, que apenas llevaban dos meses en sus puestos, evidencia el progresivo aislamiento del binomio Ortega-Murillo en la escena global.
Este nuevo roce no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de fricciones previas motivadas por las denuncias de Madrid sobre la vulneración de derechos civiles y el amparo brindado a opositores declarados apátridas por Managua. El régimen nicaragüense, que ha endurecido su control sobre las delegaciones extranjeras y ha expulsado a representantes de la Santa Sede, la Unión Europea y diversas agencias de la ONU, justifica estas acciones bajo la premisa de combatir la injerencia externa. No obstante, la comunidad internacional observa con alarma la denominada represión transfronteriza, mientras España reafirma su postura de protección hacia los exiliados políticos que han buscado refugio en suelo europeo huyendo de la persecución judicial y política en su país de origen.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
El arquero argentino sufrió una fractura menor en un dedo sobre el final de la temporada.
