ARCA rechazó el traslado de la sede legal de la AFA a Pilar tras comprobar que el domicilio declarado no existe. La inspección detectó un baldío en la ubicación señalada, frustrando el intento de Claudio Tapia de cambiar de jurisdicción.
ARCA rechazó el traslado de la sede legal de la AFA a Pilar tras comprobar que el domicilio declarado no existe. La inspección detectó un baldío en la ubicación señalada, frustrando el intento de Claudio Tapia de cambiar de jurisdicción.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazó formalmente la solicitud de la entidad que preside Claudio Tapia para mudar su domicilio legal al norte del Gran Buenos Aires. Tras una inspección en el terreno donde supuestamente funcionaría la nueva oficina administrativa en la calle Mercedes, los inspectores estatales determinaron que la numeración declarada es inexistente. El operativo reveló que en la ubicación señalada solo hay un predio vacío y el microestadio del partido de Pilar, sin rastros de la infraestructura institucional que la dirigencia del fútbol argentino había notificado. Esta inconsistencia técnica permitirá al organismo liderado por Andrés Vázquez anular la validez del trámite, manteniendo a la asociación bajo la órbita de control de la Ciudad de Buenos Aires.
La maniobra de cambiar la sede social a territorio bonaerense es interpretada por el Ejecutivo como un intento de eludir la vigilancia de la Inspección General de Justicia (IGJ) para buscar el amparo de una jurisdicción más afín a la gestión de Tapia. El conflicto ya había escalado al plano judicial debido a que la ubicación de la sede define qué juzgado debe investigar las causas vinculadas al patrimonio de los directivos de la institución. A pesar de que la justicia provincial había validado previamente la mudanza, el reciente peritaje de ARCA confirma las irregularidades detectadas meses atrás por otros entes nacionales, quienes sostienen que la reforma estatutaria necesaria para el traslado nunca fue registrada de manera transparente ni cumplió con los requisitos básicos de acreditación domiciliaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
FATE formalizó el cierre de su planta en San Fernando enviando los últimos telegramas de despido. La empresa atribuyó el final a la competencia china y al conflicto sindical, bajo un modelo económico que eliminó el proteccionismo estatal industrial.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi declaran este martes en el juicio “Cuadernos” ante el Tribunal Federal 7. El exsecretario de Transporte romperá el silencio para responder por el presunto cobro de sobornos ferroviarios en la causa que lidera Cristina Kirchner.