El país rechazó revelar datos sobre el oro del BCRA y prepara su defensa.
El país rechazó revelar datos sobre el oro del BCRA y prepara su defensa.
La causa por la expropiación de YPF volvió a tensar la relación entre Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital, en una audiencia de seguimiento realizada este jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Allí, el Estado argentino ratificó su negativa a entregar información vinculada a activos soberanos, en particular sobre las reservas de oro del Banco Central, y confirmó que el próximo 19 de febrero presentará su descargo frente a la acusación de desacato impulsada por los beneficiarios del fallo.
La reunión fue presidida por la jueza Loretta Preska y se desarrolló en un contexto de creciente presión judicial. Burford, principal beneficiario de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de USD 16.000 millones, reclamó sanciones y medidas más duras contra el país, al considerar que no cumple plenamente con las órdenes de entrega de información dentro del proceso.
Según explicó la Procuración del Tesoro, la audiencia ya estaba prevista antes de que Burford solicitara formalmente sanciones y antes de que Argentina pidiera suspender el proceso de “discovery”. El encuentro tuvo como objetivo monitorear el avance de esa etapa, en la que las partes deben intercambiar documentación relevante para el caso.
Durante la audiencia, Argentina volvió a rechazar una serie de pedidos de información que calificó como improcedentes. Fuentes oficiales sostuvieron que los demandantes están intentando avanzar sobre bienes y datos que, según el derecho interno y el derecho internacional, están protegidos por inmunidades soberanas.
“Resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que se encuentran amparados por inmunidades soberanas”, señalaron desde la defensa argentina. En esa línea, remarcaron que ciertas solicitudes exceden los límites aceptables en cualquier jurisdicción.
El punto más sensible del intercambio fue el pedido de Burford para acceder a detalles sobre la localización y utilización del oro que integra las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Argentina ya había rechazado esa solicitud en semanas previas, con el argumento de que las reservas pertenecen a un ente autónomo e independiente, y que el Tesoro Nacional no dispone de acceso directo a esa información.
Como ejemplo, el Gobierno planteó que exigirle datos al BCRA equivaldría a pedir que la Reserva Federal estadounidense revele al Tesoro la composición y ubicación exacta de sus activos, algo que consideran inadmisible.
En paralelo, Argentina viene presentando recursos para frenar medidas vinculadas al cumplimiento del fallo. Entre ellas, solicitó la suspensión de la orden que obligaría a transferir el 51% de las acciones de YPF, al considerar que una exigencia de ese tipo vulnera principios de soberanía y normativas del ordenamiento jurídico nacional.
En el Gobierno insisten en que la ejecución de la sentencia no puede avanzar sobre activos estratégicos del Estado, especialmente aquellos vinculados al sistema financiero y al funcionamiento del Banco Central.
La defensa argentina también destacó que el proceso de discovery ya implicó una entrega masiva de documentación. Según cifras oficiales, el país puso a disposición del tribunal más de 115.000 páginas consideradas razonablemente relevantes para la causa.
Sin embargo, Burford sostiene que aún falta información clave, en especial comunicaciones privadas y registros internos de funcionarios. Esa diferencia de interpretación mantiene abierto el conflicto sobre el alcance real del discovery.
La audiencia no resolvió de fondo ni la controversia sobre la entrega de información ni el pedido de sanciones, pero dejó expuestas nuevamente las posiciones.
De acuerdo con el cronograma procesal:
El 6 de febrero Burford responderá al pedido argentino de suspender el discovery.
El 10 de febrero Argentina presentará su réplica.
El 19 de febrero el país formalizará su descargo contra la acusación de desacato.
Luego de esos movimientos, la jueza Preska quedará en condiciones de definir los próximos pasos.
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