El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza declaró culpable al exmagistrado como jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos. El fallo alcanzó a su familia y confirmó el cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza declaró culpable al exmagistrado como jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos. El fallo alcanzó a su familia y confirmó el cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza dictó este martes un veredicto de culpabilidad contra el exjuez federal Walter Bento. Tras un proceso que se extendió por dos años, las magistradas acreditaron que el antiguo titular del Juzgado Federal N° 1 lideró una organización criminal dedicada a la venta de resoluciones judiciales.
Además, el fallo determinó que el exfuncionario convirtió la justicia en una mercancía, otorgando libertades y beneficios a detenidos por contrabando y narcotráfico a cambio de importantes sumas en dólares.
La investigación estableció que la red delictiva comenzó a operar en 2007. Según la resolución, Bento coordinaba las maniobras mientras que otros colaboradores, entre ellos abogados y un despachante de aduanas, actuaban como nexos con los presos.
El tribunal subrayó la gravedad de que un magistrado con competencia electoral utilizara la estructura del Estado para fines ilícitos, calificando el hecho como un caso paradigmático de corrupción.
El veredicto no solo afectó al exmagistrado, sino que validó la acusación de enriquecimiento ilícito contra su núcleo cercano. Su esposa, Marta Boiza, y su hijo Nahuel Bento fueron condenados por su participación en maniobras de lavado de activos. De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, el grupo familiar funcionó como una estructura de soporte para ocultar y legitimar los fondos provenientes de los sobornos.
Los jueces indicaron que Bento seleccionó personalmente los bienes y las inversiones que se ponían a nombre de sus allegados. Entre las pruebas determinantes se encontraron inconsistencias en declaraciones juradas, la obtención de créditos hipotecarios sin cumplir requisitos y la omisión de múltiples viajes al exterior. El tribunal remarcó que se utilizaron incluso figuras de vulnerabilidad familiar para justificar la titularidad de propiedades y vehículos de lujo.
El caso comenzó a desmoronarse en 2020, tras el asesinato de Diego Aliaga, quien cumplía el rol de intermediario en el cobro de las dádivas. El análisis de las comunicaciones digitales fue fundamental: se detectaron 265 contactos a través de una plataforma de mensajería cifrada entre el juez y el intermediario. Estos registros permitieron a los investigadores desentrañar una logística de impunidad que se mantuvo estable durante más de una década.
Walter Bento, quien fue destituido de su cargo a finales de 2023, escuchó la sentencia desde su lugar de detención en la cárcel de Cacheuta. Aunque su defensa planteó que la causa fue una construcción política y anunció que apelará la decisión, el tribunal sostuvo que el fallo se basó en un análisis riguroso de la prueba documental y testimonial. En los próximos días se realizará una audiencia complementaria para fijar los años de prisión que los condenados deberán cumplir efectivamente.
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