Un informe de la PROCUVIN reveló que el Servicio Penitenciario Federal cerró el 2025 con más de 12.000 detenidos. El crecimiento se concentró principalmente en Santa Fe, Mendoza, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, marcando una tendencia ascendente que rompe con la estabilidad del trienio anterior.
El sistema carcelario federal atraviesa una presión demográfica sin precedentes en el último lustro. Según el reciente informe anual elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la población alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) registró un incremento del 4% durante 2025, alcanzando un total de 12.166 internos en diciembre. Esta cifra representa el pico más alto desde 2020, consolidando una tendencia alcista que comenzó a manifestarse con fuerza a partir de 2024.
El análisis territorial, supervisado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, identifica focos críticos de crecimiento en unidades específicas. Los mayores incrementos se localizaron en la Unidad 36 de Santa Fe, el Complejo V de Neuquén, el Complejo VI de Mendoza y la cárcel de Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este aumento geográfico coincide con zonas de alta conflictividad donde la justicia federal y nacional han intensificado su actividad procesal en el último año.
En cuanto a la situación legal de los reclusos, el informe destaca un dato relevante sobre la eficiencia del sistema judicial: casi dos tercios de los detenidos ya cuentan con condena firme. En contrapartida, el porcentaje de personas bajo prisión preventiva sin sentencia ha caído de manera sostenida, pasando de un 50,6% en 2020 a un 36,9% al cierre de 2025. Del total de la población penal, el 48,9% responde a la Justicia nacional, mientras que el 45% corresponde a causas de la Justicia federal.
La composición demográfica dentro de los penales también mostró variaciones significativas. La población de mujeres y personas travesti-trans creció un 11,3% respecto al año anterior, sumando 983 personas en total. Un punto de especial preocupación para los organismos de derechos humanos es el aumento de mujeres embarazadas (10) y de aquellas que conviven con sus hijos o hijas en contexto de encierro (16), cifras que no se registraban en tales niveles en años previos.
Por otro lado, el reporte de la PROCUVIN señala una realidad dispar para los jóvenes de entre 18 y 21 años. Aunque este grupo disminuyó un 19,8% en cantidad total, la precariedad de su situación procesal es alarmante: el 63,2% de los jóvenes detenidos no tiene condena, invirtiendo la lógica de la población general. Finalmente, el informe consigna que la población extranjera representa el 16% del total de reclusos, sumando 1.942 personas, un dato que se vuelve central en el debate actual sobre las nuevas políticas migratorias y de seguridad nacional.
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