Argentina presentó una declaración jurada ante la justicia de Nueva York para proteger las reservas del Banco Central. El escrito rechazó revelar la ubicación del metal, alegando razones de seguridad financiera y soberanía jurídica.
Argentina presentó una declaración jurada ante la justicia de Nueva York para proteger las reservas del Banco Central. El escrito rechazó revelar la ubicación del metal, alegando razones de seguridad financiera y soberanía jurídica.
El Estado argentino formalizó ayer su postura de confidencialidad respecto a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de una declaración jurada presentada ante la jueza Loretta Preska, en el Distrito Sur de Nueva York, el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, sostuvo que los activos monetarios poseen inmunidad de ejecución. La defensa subrayó que esta protección legal prevalece sobre cualquier proceso de obtención de pruebas solicitado por los demandantes.
La presentación respondió a la presión ejercida por los fondos Burford Capital, Petersen Energía Inversora y Eton Park. Estos acreedores buscan cobrar una sentencia de 16.100 millones de dólares derivada de la expropiación de YPF.
El pedido de los demandantes pretendía obligar al país a identificar cuentas, movimientos bancarios y la ubicación geográfica de lingotes valuados en más de 1.000 millones de dólares.
La estrategia procesal del país se centró en la independencia de la autoridad monetaria. El documento enviado al tribunal explicó que la administración de las reservas es una facultad exclusiva del BCRA como ente autárquico. Según el informe oficial, revelar la localización de estos activos comprometería la política cambiaria, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero.
Para la elaboración de este descargo, la Secretaría Legal y Técnica consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Ministerio de Seguridad. Ambas dependencias, junto a la Procuración del Tesoro, coincidieron en que la entrega de información sensible vulneraría la independencia funcional del organismo y los principios del derecho internacional sobre bienes soberanos.
La disputa por el acceso a los datos de las reservas acumuló dieciocho meses de tensiones. Los querellantes denunciaron una supuesta obstrucción sistemática por parte del Estado argentino. El conflicto escaló luego de que, en agosto de 2025, el tribunal ordenara la declaración de un testigo calificado y el país enviara a un representante que los fondos consideraron insuficiente para responder sobre el destino del oro.
Ante la falta de respuestas, los fondos insistieron en una audiencia probatoria. Por su parte, la defensa argentina ya apeló todo el procedimiento de búsqueda de activos ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, buscando frenar el avance sobre las reservas mientras se dirime la sentencia de fondo.
Hasta el momento, la magistrada Preska no resolvió si aceptará la validez de la declaración jurada. La decisión final determinará si los activos de un banco central pueden ser utilizados como garantía de pago ante litigios comerciales internacionales.
¿Prevalecerá la inmunidad soberana sobre el derecho de los acreedores a ejecutar una sentencia firme? El desenlace definirá el margen de maniobra para proteger activos estratégicos frente a los tribunales de Estados Unidos.
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