Consenso entre el oficialismo y bloques aliados permitió avanzar en un nuevo sistema penal para menores. El proyecto fija penas de hasta 15 años por delitos graves y contempla una partida presupuestaria de 23 mil millones de pesos.
Consenso entre el oficialismo y bloques aliados permitió avanzar en un nuevo sistema penal para menores. El proyecto fija penas de hasta 15 años por delitos graves y contempla una partida presupuestaria de 23 mil millones de pesos.
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió este miércoles el dictamen de mayoría que busca reformar el sistema de responsabilidad penal para menores. Tras una jornada de negociaciones, La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales para fijar en 14 años el nuevo límite de punibilidad, desplazando la normativa vigente que establece el piso en los 16 años.
La iniciativa se concentró en delitos de alta gravedad como homicidios, abusos sexuales y secuestros. Para estos casos, el texto acordado fijó una condena máxima de 15 años de prisión.
Como parte de la estrategia para asegurar el quórum, el Poder Ejecutivo retiró una propuesta previa que pretendía reducir la edad a los 13 años, una medida que no contaba con la aprobación de sus aliados legislativos.
Uno de los pilares del nuevo régimen es la asignación de recursos específicos. El artículo 51 del despacho consignó un monto de $23.739.155.303 para la implementación del sistema. De esta cifra, más de 20 mil millones de pesos se destinaron a la Defensoría General de la Nación, mientras que el resto fue asignado al Ministerio de Justicia. Esta precisión técnica surgió tras las advertencias de los gobernadores sobre la dificultad de costear la reforma en las provincias.
La diputada, Laura Rodríguez Machado, presidenta del plenario, afirmó que la medida buscó dar orden a un sistema que funcionó durante décadas con parches institucionales.
Por el contrario, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la suficiencia de los fondos y sostuvo que el planteo de “pena de adulto para delitos de adulto” resulta una consigna vacía que contradice estándares internacionales.
El proyecto estipuló que la privación de la libertad debe utilizarse como última instancia. En delitos con penas menores a diez años, el tribunal podrá aplicar sanciones alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o la reparación integral del daño causado a la víctima.
Asimismo, la normativa prohibió de forma taxativa que los menores condenados convivan con detenidos mayores de edad. Para ello, se propuso la creación de institutos gestionados por personal civil especializado en áreas como psicología, trabajo social y adicciones.
El peronismo mostró fisuras en su posicionamiento. Mientras el kirchnerismo rechazó la baja de edad, el Frente Renovador presentó un dictamen propio que, aunque coincide en el límite de los 14 años, propuso hacerlo mediante una reforma directa al Código Penal. Pese a estas diferencias, el oficialismo contaría con los votos necesarios para la aprobación general en el recinto.
La discusión ahora se trasladará a la votación en particular, donde se definirán los detalles técnicos de la ejecución y el cumplimiento de los programas educativos. ¿Representará esta reforma un cambio estructural en la reincidencia delictiva o enfrentará obstáculos de aplicación en los sistemas penitenciarios provinciales?
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