Consenso entre el oficialismo y bloques aliados permitió avanzar en un nuevo sistema penal para menores. El proyecto fija penas de hasta 15 años por delitos graves y contempla una partida presupuestaria de 23 mil millones de pesos.
Consenso entre el oficialismo y bloques aliados permitió avanzar en un nuevo sistema penal para menores. El proyecto fija penas de hasta 15 años por delitos graves y contempla una partida presupuestaria de 23 mil millones de pesos.
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió este miércoles el dictamen de mayoría que busca reformar el sistema de responsabilidad penal para menores. Tras una jornada de negociaciones, La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales para fijar en 14 años el nuevo límite de punibilidad, desplazando la normativa vigente que establece el piso en los 16 años.
La iniciativa se concentró en delitos de alta gravedad como homicidios, abusos sexuales y secuestros. Para estos casos, el texto acordado fijó una condena máxima de 15 años de prisión.
Como parte de la estrategia para asegurar el quórum, el Poder Ejecutivo retiró una propuesta previa que pretendía reducir la edad a los 13 años, una medida que no contaba con la aprobación de sus aliados legislativos.
Uno de los pilares del nuevo régimen es la asignación de recursos específicos. El artículo 51 del despacho consignó un monto de $23.739.155.303 para la implementación del sistema. De esta cifra, más de 20 mil millones de pesos se destinaron a la Defensoría General de la Nación, mientras que el resto fue asignado al Ministerio de Justicia. Esta precisión técnica surgió tras las advertencias de los gobernadores sobre la dificultad de costear la reforma en las provincias.
La diputada, Laura Rodríguez Machado, presidenta del plenario, afirmó que la medida buscó dar orden a un sistema que funcionó durante décadas con parches institucionales.
Por el contrario, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la suficiencia de los fondos y sostuvo que el planteo de “pena de adulto para delitos de adulto” resulta una consigna vacía que contradice estándares internacionales.
El proyecto estipuló que la privación de la libertad debe utilizarse como última instancia. En delitos con penas menores a diez años, el tribunal podrá aplicar sanciones alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o la reparación integral del daño causado a la víctima.
Asimismo, la normativa prohibió de forma taxativa que los menores condenados convivan con detenidos mayores de edad. Para ello, se propuso la creación de institutos gestionados por personal civil especializado en áreas como psicología, trabajo social y adicciones.
El peronismo mostró fisuras en su posicionamiento. Mientras el kirchnerismo rechazó la baja de edad, el Frente Renovador presentó un dictamen propio que, aunque coincide en el límite de los 14 años, propuso hacerlo mediante una reforma directa al Código Penal. Pese a estas diferencias, el oficialismo contaría con los votos necesarios para la aprobación general en el recinto.
La discusión ahora se trasladará a la votación en particular, donde se definirán los detalles técnicos de la ejecución y el cumplimiento de los programas educativos. ¿Representará esta reforma un cambio estructural en la reincidencia delictiva o enfrentará obstáculos de aplicación en los sistemas penitenciarios provinciales?
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou reaparecerá el 9 de agosto para el 190° aniversario del Partido Nacional. En medio del desgaste del gobierno de Orsi, se espera un discurso de estadista que reorganice a la oposición hacia 2029.
La Justicia Federal rechazó frenar el peritaje de voz a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. El juez determinó que recolectar un patrón biométrico no viola la garantía contra la autoincriminación y ordenó continuar la prueba en la causa por presuntas coimas.
El histórico tratado minero argentino-chileno se reactivó en Buenos Aires para evaluar proyectos de cobre en San Juan. El acuerdo de casi tres décadas aprovecha los yacimientos de un país y la infraestructura portuaria del otro, afrontando disparidades competitivas locales.
El Banco Central intervino fuertemente en julio con más de 1.000 millones de dólares en futuros y bonos para estabilizar el dólar. Esta estrategia busca mitigar las expectativas de devaluación e incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador argentino.
Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.
Volkswagen evalúa recortar otros 50.000 empleos globales para mejorar su competitividad, sumando un ajuste histórico de 100.000 puestos. El plan también contempla reducir su producción anual de automóviles y evaluar la viabilidad de cuatro de sus plantas clave en Europa.
El Gobierno estadounidense, bajo la gestión de Marco Rubio, inició una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional. Washington impondrá sanciones a los funcionarios del tribunal y presionará a sus aliados para que retiren su apoyo a dicho organismo.
Nayib Bukele fue proclamado candidato de Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato consecutivo en El Salvador. La postulación, respaldada por su popularidad en seguridad, es posible tras polémicas reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida y extienden el mandato.
