Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.
Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) culminó con la muerte de un ciudadano de origen colombiano en la localidad de Biddeford. El episodio, bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), generó una inmediata conmoción en la opinión pública local tras confirmarse que se trata del segundo incidente con consecuencias fatales que involucra a personal de fronteras en menos de una semana. Agrupaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y la organización Presente, identificaron a la víctima como un joven de 26 años que disponía de credenciales habilitantes para trabajar en territorio estadounidense y cobertura de seguridad social activa.
La versión inicial provista por las esferas de seguridad gubernamentales, transmitida por legisladores federales tras mantener contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que los uniformados abrieron fuego debido a que el conductor del automóvil bajo seguimiento intentó embestir a los agentes, transformando la unidad de transporte en un elemento ofensivo. Las autoridades informaron que sobre el implicado pesaba una orden administrativa de expulsión del país. No obstante, activistas sociales manifestaron su consternación ante la reiteración de justificaciones oficiales basadas en presuntos intentos de atropello y cuestionaron que el personal interviniente careciera de cámaras de registro corporal para auditar el procedimiento de manera transparente.
Este desenlace se suma a una secuencia de procedimientos controversiales que han encendido las alarmas de organismos de derechos civiles en diversos puntos del país. Apenas días atrás, un operativo en la periferia de Houston, Texas, derivó en la muerte de un ciudadano de nacionalidad mexicana que se dirigía a su jornada laboral, un hecho que la versión oficial atribuyó originalmente a una amenaza inminente para los oficiales, pero que testimonios posteriores desestimaron, revelando un presunto error de identificación por parte del personal de aduanas. Los índices de letalidad asociados a las intervenciones en la vía pública y los decesos en centros de detención provisorios registran una tendencia al alza que preocupa a legisladores de la oposición y asambleas comunitarias.
La reacción institucional en Maine no tardó en manifestarse. La mandataria provincial, Janet Mills, comunicó que la policía del distrito colabora activamente con los peritos forenses y la fiscalía general para delimitar la secuencia de los hechos. Testigos presenciales de la zona comercial donde se desató la balacera relataron haber observado maniobras de cerco vehicular por parte de las unidades federales y múltiples impactos de proyectil en el parabrisas del auto involucrado. Ante la gravedad del suceso, colectivos de activistas locales convocaron a concentraciones y asambleas públicas en espacios recreativos de la ciudad costera con el propósito de manifestar su rechazo a las directivas de seguridad implementadas y exigir un esclarecimiento riguroso del caso.
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Con un amplio operativo de seguridad en la capital provincial, el presidente Javier Milei arribó a Catamarca para reunirse con dirigentes libertarios e inaugurar mañana una planta de carbonato de litio vinculada a una inversión millonaria en el proyecto Fénix.
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El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba a principios de diciembre, la Argentina podrá acceder a unos USD 900 millones.