Gustavo Petro denunció un plan para colocar cocaína en su vehículo y sabotear su cita con Donald Trump. El mandatario vinculó el complot con un atentado fallido contra su helicóptero, provocando la destitución de un general en medio de sospechas.
Gustavo Petro denunció un plan para colocar cocaína en su vehículo y sabotear su cita con Donald Trump. El mandatario vinculó el complot con un atentado fallido contra su helicóptero, provocando la destitución de un general en medio de sospechas.
El panorama político colombiano se ha visto convulsionado por una serie de denuncias lanzadas por el presidente Gustavo Petro, quien sostiene ser blanco de una estrategia de sabotaje para socavar su gestión. Durante una reciente reunión de gabinete, el mandatario reveló dos incidentes de extrema gravedad: un supuesto intento de atentado contra el helicóptero en el que se trasladaba y una operación encubierta para colocar estupefacientes en su comitiva oficial. Según la versión presidencial, este último plan buscaba fabricar un escándalo de narcotráfico que dinamitara su reciente encuentro bilateral con Donald Trump en Washington.
La consecuencia inmediata de estas sospechas fue el relevo forzoso del general Edwin Urrego. El oficial quedó en el ojo de la tormenta tras ser vinculado indirectamente con los hechos por el propio Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Mientras que el Gobierno fundamenta la expulsión en informes de inteligencia que señalarían un “entrampamiento” contra la figura presidencial, el uniformado desplazado niega tajantemente las acusaciones, atribuyendo su salida a una campaña de desinformación y a las tensiones derivadas de un registro judicial previo en la residencia de Benedetti.
Este escenario ha profundizado las divisiones entre los distintos organismos de seguridad del país. Mientras la Dirección Nacional de Inteligencia —cercana al mandatario— sostiene la tesis del complot, sectores de la inteligencia militar y policial manifiestan escepticismo, calificando las denuncias de poco probables debido a los estrictos controles que rodean los vehículos presidenciales. Expertos sugieren que el mandatario utiliza estas alertas para desviar la atención de los procesos judiciales que enfrentan figuras de su entorno cercano, como el presidente de la petrolera estatal y su propio hijo.
A pesar de la gravedad de lo expuesto, el Gobierno no ha presentado evidencias concluyentes que respalden la existencia de estos planes de magnicidio o desprestigio, lo que alimenta un clima de incertidumbre institucional. Mientras el Ministerio de Defensa ordena reforzar la contrainteligencia para proteger la integridad del jefe de Estado, la opinión pública observa con recelo un conflicto que parece mezclar la seguridad nacional con disputas políticas internas y antiguas desconfianzas del pasado guerrillero del presidente.
Binance comenzó a normalizar los retiros de fondos tras sufrir un megahackeo, registrando una salida neta inicial de USD 3.640 millones. La empresa confirmó que cubrirá el 100% de las pérdidas con recursos propios y premiará a quienes no retiraron.
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