La Casa Rosada evalúa alternativas para cubrir los puestos vacantes en el Poder Judicial

El Ministerio de Justicia presentó a Javier Milei cinco candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema. Tras fallidos intentos previos y mientras envía pliegos de juzgados inferiores al Senado, la Casa Rosada busca definir perfiles constitucionales.

Corte Suprema (Agencia NA-Prensa)

Postulantes en análisis y normalización de despachos judiciales

Durante una reunión de trabajo en la residencia oficial de Olivos, la jefatura del Ministerio de Justicia presentó al Poder Ejecutivo un abanico con cinco alternativas dirigidas a ocupar las plazas pendientes en la Corte Suprema. La nómina —Que incluye profesionales con trayectoria en el fuero federal de la Capital y abogadas del sector jurídico— busca destrabar la composición reducida del tribunal, al tiempo que el Gobierno avanza con el envío de más de un centenar y medio de expedientes al Senado para completar juzgados y vocalías acéfalas en todo el país.

El tratamiento de las vacantes en la cúpula judicial vuelve a cobrar relevancia luego de los intentos fallidos ocurridos en la etapa inicial de la gestión. Aunque las autoridades ministeriales priorizaron en primera instancia el ordenamiento de las cámaras y juzgados de base para revertir el alto porcentaje de cargos desocupados, la entrega de este listado marca un punto de inflexión para definir los perfiles que eventualmente requerirán la aprobación del articulado parlamentario en la Cámara Alta.

Exigencias parlamentarias y miradas sobre el perfil constitucional de la Corte

La eventual designación de nuevos magistrados demandará intensas tratativas políticas, dado que la confirmación requiere el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara de Senadores. Pese a que el tribunal supremo sostiene su ritmo de trabajo y dictámenes mediante acuerdos entre sus tres miembros actuales y el soporte de conjueces de las cámaras federales, el Ejecutivo reconoce la necesidad de contar con juristas alineados con los requerimientos técnicos de la administración.

Desde el ámbito tribunalicio señalan que los nombres que logren el visto bueno del Presidente deberán contar con una sólida especialización en derecho administrativo y constitucional. Este perfil resulta clave para respaldar jurídicamente las transformaciones normativas del Estado ante eventuales controversias en los estrados, mientras en Balcarce 50 sopesan los tiempos adecuados para remitir las carpetas definitivas al debate legislativo.

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