Patricia Bullrich descartó cambios en Diputados tras la media sanción de la reforma laboral. La senadora defendió el consenso con la CGT, que mantuvo el control de obras sociales y cuotas sindicales, pero ratificó la flexibilización de jornadas y contratos.
Tras el éxito parlamentario en la Cámara Alta, la referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, analizó el proceso de diálogo mantenido con las cúpulas gremiales. La legisladora desestimó las versiones que hablaban de una claudicación por parte de la Confederación General del Trabajo, aclarando que, aunque se incorporaron sugerencias que el Ejecutivo consideró oportunas, el sector sindical mantuvo una posición crítica frente al espíritu general de la normativa. Según Bullrich, el intercambio permitió pulir el texto sin que los representantes de los trabajadores resignaran sus posturas ideológicas de fondo.
La senadora subrayó que la propuesta final respetó ciertos límites históricos para evitar un conflicto mayor con el modelo sindical argentino. En este sentido, se optó por no alterar el sistema vigente de indemnizaciones ni los mecanismos de financiamiento de las obras sociales y las cuotas de afiliación. Al mantener al empleador como agente de retención, el oficialismo buscó dar señales de previsibilidad tanto a los gremios como a los asalariados, garantizando que los beneficios sociales y la base de cálculo de los despidos no sufran transformaciones que alteren la paz social.
De cara a la revisión que deberá realizar la Cámara Baja, el oficialismo envió un mensaje de intransigencia respecto a la integridad del articulado. Bullrich fue tajante al afirmar que el Senado tendrá la determinación final sobre el contenido, advirtiendo que no aceptarán una desnaturalización del proyecto original durante su tratamiento en la segunda instancia legislativa. La intención gubernamental es que la ley obtenga la sanción definitiva respetando los equilibrios alcanzados en el recinto de Senadores, sin introducir nuevas modificaciones que obliguen a reabrir las negociaciones.
El proyecto sancionado introduce una reconfiguración profunda en el mercado de trabajo, destacándose la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Este esquema propone que las empresas realicen aportes mensuales obligatorios para cubrir futuras desvinculaciones, con alícuotas diferenciadas según el tamaño de la firma. Asimismo, se contemplan cambios en la extensión de la jornada diaria —que podrá alcanzar las 12 horas bajo ciertas condiciones de descanso—, la flexibilización para trabajadores de plataformas digitales y un programa de blanqueo que condona gran parte de las deudas por aportes patronales.
Como complemento a las medidas laborales, la reforma impulsa el traslado del fuero laboral a la jurisdicción porteña y valida que los acuerdos homologados tengan rango de sentencia firme para agilizar los procesos legales. En el plano impositivo, si bien se mantuvo la carga sobre sociedades por pedido de las provincias, se establecieron exenciones de IVA para el riego agroindustrial y la eliminación de gravámenes internos sobre diversos bienes de consumo. Finalmente, se destaca la creación de un régimen de fomento para inversiones medianas que busca dinamizar el ingreso de capitales durante los próximos dos años.
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