La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunto incumplimiento de deberes durante las protestas en el Congreso. La justicia investiga por qué las fuerzas no detuvieron en flagrancia a un grupo violento que arrojó bombas molotov frente a las cámaras.
La gestión de Alejandra Monteoliva frente a la cartera de Seguridad quedó bajo la lupa judicial tras una presentación penal que cuestiona el desempeño de las fuerzas federales durante las recientes movilizaciones por la reforma laboral. La denuncia, radicada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, insta a los tribunales a determinar si existió una omisión deliberada de funciones por parte de la funcionaria y de la cúpula operativa. El eje del reclamo se centra en la curiosa libertad de acción de la que gozó una célula de siete individuos encapuchados que, según registros fílmicos, atacaron las vallas de contención con artefactos explosivos caseros sin ser interceptados por el masivo dispositivo de seguridad presente en la zona.
El escrito judicial enfatiza que, a pesar de estar plenamente identificados por drones y sistemas de vigilancia en tiempo real, los agresores no fueron arrestados en flagrancia, mientras que el accionar represivo se dirigió hacia manifestantes ajenos a esos incidentes. El denunciante califica como “sospechosa” la trayectoria de los gases lacrimógenos y los camiones hidrantes, que habrían evitado impactar sobre el foco de violencia, permitiendo que los sospechosos se retiraran del lugar sin contratiempos. Como parte de la instrucción, se ha solicitado el peritaje de las grabaciones del comando unificado y el listado de jerarquías a cargo de las divisiones de Prefectura, Gendarmería y Policía que intervinieron en la plaza, buscando esclarecer si hubo una orden explícita de no proceder contra el grupo violento.
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