La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunto incumplimiento de deberes durante las protestas en el Congreso. La justicia investiga por qué las fuerzas no detuvieron en flagrancia a un grupo violento que arrojó bombas molotov frente a las cámaras.
La gestión de Alejandra Monteoliva frente a la cartera de Seguridad quedó bajo la lupa judicial tras una presentación penal que cuestiona el desempeño de las fuerzas federales durante las recientes movilizaciones por la reforma laboral. La denuncia, radicada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, insta a los tribunales a determinar si existió una omisión deliberada de funciones por parte de la funcionaria y de la cúpula operativa. El eje del reclamo se centra en la curiosa libertad de acción de la que gozó una célula de siete individuos encapuchados que, según registros fílmicos, atacaron las vallas de contención con artefactos explosivos caseros sin ser interceptados por el masivo dispositivo de seguridad presente en la zona.
El escrito judicial enfatiza que, a pesar de estar plenamente identificados por drones y sistemas de vigilancia en tiempo real, los agresores no fueron arrestados en flagrancia, mientras que el accionar represivo se dirigió hacia manifestantes ajenos a esos incidentes. El denunciante califica como “sospechosa” la trayectoria de los gases lacrimógenos y los camiones hidrantes, que habrían evitado impactar sobre el foco de violencia, permitiendo que los sospechosos se retiraran del lugar sin contratiempos. Como parte de la instrucción, se ha solicitado el peritaje de las grabaciones del comando unificado y el listado de jerarquías a cargo de las divisiones de Prefectura, Gendarmería y Policía que intervinieron en la plaza, buscando esclarecer si hubo una orden explícita de no proceder contra el grupo violento.
La UIA alertó sobre el posible desabastecimiento de gas y los elevados costos energéticos que amenazan la producción industrial este invierno. Pese a un leve repunte mensual en marzo, el sector acumula una caída trimestral y reclama previsibilidad ante la crisis.
Manuel Adorni presentará su informe de gestión ante Diputados, respaldado por Javier Milei y el Gabinete.
América Latina mantiene uno de los gastos militares más bajos del mundo, enfocándose en modernizar equipos obsoletos y combatir el crimen interno. Según el SIPRI, la región prioriza lo socioeconómico, aunque busca proteger sus recursos estratégicos en un mercado global competitivo.
El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
James Comey negó haber amenazado a Donald Trump tras ser acusado por una publicación en redes sociales. El exdirector del FBI defendió su inocencia y la independencia judicial, mientras la fiscalía califica el proceso como un cargo rutinario contra funcionarios.
El Senado de EE. UU. rechazó restringir la autoridad de Donald Trump para intervenir militarmente en Cuba. La mayoría republicana frenó la iniciativa demócrata, en un contexto de creciente presión económica y retórica de la Casa Blanca contra el gobierno isleño.
Un ataque con drones israelíes en Gaza mató al comandante de Hamás, Iyad al-Shanbari, y a cuatro civiles, incluido su hijo. Pese a la tregua vigente, la persistente violencia en el enclave continúa sumando víctimas y acusaciones cruzadas de incumplimiento.
El rey Carlos III instó al Congreso estadounidense a mantener la unidad y el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa. En un contexto de tensiones diplomáticas, el monarca rechazó el aislacionismo y reivindicó la alianza transatlántica.
