La presentación judicial, impulsada por la agrupación Reset Republicano, señala la presunta falta de publicación obligatoria en la web de la Oficina Anticorrupción sobre el vínculo con su esposa.
La presentación judicial, impulsada por la agrupación Reset Republicano, señala la presunta falta de publicación obligatoria en la web de la Oficina Anticorrupción sobre el vínculo con su esposa.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfrenta una nueva derivación judicial por la contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por su cónyuge, María Josefina Rouillet.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, presentaron este lunes una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por la presunta omisión de transparencia en el proceso.
La denuncia, remitida al correo de sorteos de la Cámara el 16 de febrero de 2026 a las 13:55, apunta al incumplimiento de la publicidad obligatoria prevista en el Decreto 202/2017.
Según Agencia Noticias Argentinas, el escrito solicita investigar no solo al ministro y a otros funcionarios, sino también la conducta de Rouillet como directiva de la entidad adjudicataria.
El eje central de la acusación reside en que, al consultar el buscador de “Casos informados a la Oficina Anticorrupción (OA)”, los denunciantes constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban registros sobre la recepción de la declaración jurada de este caso.
Los abogados sostienen que esta presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia exigido por la normativa vigente para casos donde existe un “vínculo positivo” entre un funcionario y un proveedor del Estado.
La contratación en cuestión fue formalizada el 19 de enero de 2026 mediante la Disposición 21/2026, adjudicando a la AACI la suma de $114.044.133 para la capacitación en inglés del personal diplomático y administrativo.
Aunque el expediente administrativo reconoció la relación familiar y activó protocolos internos, la denuncia penal encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265).
La presentación judicial menciona como antecedente una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas y advierte sobre la existencia de un contrato previo en 2024 entre las mismas partes.
Los denunciantes pidieron verificar si en aquel entonces también correspondía una actualización de la declaración jurada y si esta fue debidamente publicada.
Esta denuncia llega tras el descargo del canciller Pablo Quirno, quien defendió la legalidad del trámite asegurando que se cumplió con el procedimiento de integridad y que la relación con la AACI data del año 2018.
No obstante, la justicia deberá determinar ahora si la falta de visualización pública del caso en la web de la OA constituye una falta penal que invalida la transparencia del proceso.
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