Unión por la Patria advirtió que cualquier modificación en Diputados a la reforma laboral obligará a que el proyecto regrese al Senado. Mientras el oficialismo busca corregir artículos sobre licencias médicas, la oposición amenaza con judicializar la norma junto a los gremios.
El arco opositor en la Cámara de Diputados ha fijado una postura intransigente frente a la intención del Ejecutivo de retocar el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo el visto bueno en la Cámara Alta. Germán Martínez, referente de la bancada de Unión por la Patria, enfatizó que la dinámica parlamentaria impide realizar ajustes unilaterales sin consecuencias. Según su perspectiva, cualquier alteración al articulado original forzaría inexorablemente el retorno del expediente al Senado para una nueva evaluación, lo que pondría en riesgo la celeridad que el Gobierno pretende para la sanción de la norma.
El centro de la polémica radica en un apartado específico sobre las licencias por motivos de salud, cuya redacción inicial contemplaba disminuciones en los haberes de los trabajadores. Ante el descontento generado, representantes de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, admitieron la necesidad de establecer excepciones para cuadros clínicos de gravedad o enfermedades degenerativas, garantizando el cobro íntegro del sueldo en esos casos. Sin embargo, la oposición no solo cuestiona este punto, sino que mantiene un rechazo estructural a la propuesta, argumentando que vulnera derechos fundamentales y anticipando que la batalla podría escalar hasta el ámbito judicial en coordinación con las centrales sindicales.
Desde la Casa Rosada se buscan alternativas legales para implementar estas correcciones sin quedar atrapados en un bucle legislativo. Las conversaciones entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría Legal y Técnica exploran mecanismos que permitan subsanar los errores de redacción mediante resoluciones administrativas o la creación de un proyecto de ley complementario. El objetivo del oficialismo es blindar la normativa contra lo que denominan el “negocio de los litigios”, exigiendo validaciones médicas rigurosas para frenar el uso abusivo de certificados, mientras intentan evitar que la Cámara de Origen tenga que volver a sesionar sobre el mismo asunto.
Mendoza registró dos sismos de 4.3 y 4.1 grados entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Los temblores se sintieron en varias localidades sin causar daños materiales ni heridos, acompañando menor actividad telúrica en provincias vecinas.
Osvaldo Jaldo oficializó las elecciones en Tucumán para mayo de 2027 de forma desdoblada e incorporó la Ficha Limpia. Mientras el gobernador busca la reelección, desde La Libertad Avanza confirmaron que competirán, pero reclamaron eliminar el sistema de acoples.
Lucía Sosa fue detenida en Villa Gesell imputada por la muerte de su hija de dos años. Su pareja calificó el trágico hecho como un accidente, mientras la justicia investiga el deceso y analiza un historial familiar complejo.
El PRO advirtió sobre el elevado endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo bajo el plan libertario. Pese a reconocer la estabilización macroeconómica, el espacio de Mauricio Macri exigió mejoras concretas de cara a 2027.
El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudó en Corrientes con la declaración de testigos clave sobre los primeros operativos. Tras el silencio de los principales acusados, el tribunal busca reconstruir los momentos iniciales del hecho.
Javier Milei viajó a Lima para la asunción de Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar una alianza regional de gobiernos conservadores. El desplazamiento ocurre en medio de una elevada tensión diplomática con la administración de Brasil.
Lula da Silva recurrió a la ironía para desestimar los insultos de Javier Milei, en medio de acusaciones argentinas sobre financiamiento publicitario en su contra. Brasilia reaccionó llamando a consultas a su embajador tras calificar los ataques como inaceptables.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de catorce embajadas colombianas. La medida rompe vínculos diplomáticos con Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos, y revierte la expansión en África planteada por Gustavo Petro para reducir gastos.
