Familiares de presos políticos venezolanos iniciaron una huelga de hambre ante el incumplimiento oficial de liberarlos mediante una amnistía. Mientras el debate legislativo se estanca, la protesta se extiende a varias cárceles, denunciando condiciones infrahumanas y el uso de la justicia como castigo.
La desesperación de los familiares de detenidos por causas ideológicas ha alcanzado un punto crítico en las inmediaciones del centro de detención Zona 7, en Caracas. Ante el incumplimiento de las promesas oficiales de una excarcelación masiva, un grupo de mujeres ha iniciado una huelga de hambre que ya supera las 50 horas, replicando la medida de fuerza que los propios reclusos mantienen tras las rejas. La tensión escaló luego de que la palabra empeñada por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, no se materializara en la liberación total prevista para el pasado viernes, dejando a cientos de hogares en una angustiante espera bajo el sol y sobre colchonetas.
El proceso de amnistía, que inicialmente se presentó como un gesto de distensión en la transición tutelada por potencias externas, se encuentra actualmente paralizado en la Asamblea Nacional. El principal escollo radica en una cláusula que pretende obligar a los beneficiarios a reconocer delitos no cometidos ante los tribunales, punto que la oposición rechaza tajantemente. Mientras el debate legislativo se estanca, la salud de las manifestantes se deteriora rápidamente; varias mujeres han sufrido descompensaciones y crisis hipertensivas sin contar con asistencia médica oficial en el lugar, dependiendo únicamente de la solidaridad de doctores voluntarios y abogados.
Las organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, denuncian que todavía permanecen en cautiverio más de 600 personas, a pesar de las liberaciones parciales de enero. La situación es especialmente dramática en cárceles de máxima seguridad como el Fuerte Guaicaipuro, donde se reporta que los prisioneros —muchos de ellos militares— presentan cuadros severos de desnutrición tras meses de aislamiento. Los familiares exigen que la ley de perdón sea amplia y no excluyente, advirtiendo que el sistema judicial continúa operando como una herramienta punitiva incluso después de los cambios políticos recientes en la cúpula del poder.
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