En una jornada marcada por la parálisis del transporte y la tensión sindical, la Cámara Baja analiza la iniciativa que ya cuenta con el aval del Senado. La Ley propone un cambio de paradigma en las indemnizaciones, la huelga y la negociación colectiva. Aquí, los puntos centrales para entender qué está en juego.
La Cámara de Diputados de la Nación se convierte este jueves en el epicentro de una puja de poder que trasciende las paredes del recinto. Mientras en las calles el paro general de la CGT se hace sentir con la inactividad total de transporte , el oficialismo busca dar un paso definitivo hacia la modernización del sistema laboral. Este proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, no solo intenta reducir el costo de la litigiosidad para las empresas, sino que plantea un esquema de flexibilidad inédito en la historia reciente, buscando un equilibrio entre la promoción del empleo formal y la reconfiguración de los derechos colectivos.
El proyecto introduce una flexibilización en la forma de percibir los haberes. Se habilita la posibilidad de que los trabajadores y empleadores acuerden, de forma opcional, el pago en moneda extranjera. Además, se incorpora la “negociación dinámica”: las empresas podrán pactar bonos o premios adicionales atados a objetivos de productividad. Cabe destacar que, tras las negociaciones previas a la sesión, se descartó la posibilidad de abonar sueldos a través de billeteras virtuales.
Uno de los cambios más profundos afecta al cálculo indemnizatorio. De aprobarse, el aguinaldo, las vacaciones y los premios quedarían excluidos de la base de cálculo, lo que reduciría el monto final a percibir. Asimismo, se crea el FAL, un sistema optativo inspirado en el modelo de la construcción:
Grandes empresas: Aportarán entre el 1% y el 1,5% del salario.
PyMES: Aportarán entre el 2,5% y el 3%. Este fondo se utilizará para cubrir despidos, aunque si los recursos no alcanzan, el empleador deberá abonar la diferencia. Para las sentencias judiciales, se establece un tope de actualización (inflación + 3%) y planes de pago de hasta 12 cuotas para PyMES.
La reforma busca adaptar los tiempos de trabajo a la demanda productiva mediante dos herramientas clave:
Banco de horas: Las horas extra podrán no pagarse en efectivo, sino acumularse como franco compensatorio para que el trabajador se tome días libres.
Vacaciones: Se permite el fraccionamiento de la licencia anual, con un mínimo de 7 días corridos. Se mantiene la obligatoriedad de otorgar un período estival cada tres años.
Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el proyecto amplía la lista de servicios esenciales, los cuales deben garantizar una prestación mínima del 75% durante un paro. Se incorporan la educación (desde guarderías hasta secundaria), las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y los servicios aduaneros. Además, se crea la categoría de “servicios de importancia trascendental” (bancos, transporte, hotelería), que deben garantizar el 50% de actividad.
El proyecto redefine las reglas del juego gremial:
Asambleas: Solo podrán realizarse con autorización del empleador, no deben afectar la actividad y el tiempo destinado a ellas no será remunerado.
Ultraactividad: Se elimina la vigencia automática de los convenios vencidos. Una vez caducos, las normas perderán vigencia (salvo condiciones de trabajo), obligando a una renegociación total.
Para incentivar el trabajo registrado, se propone un régimen de blanqueo por seis meses que contempla la extinción de la acción penal por evasión, la condonación de multas y planes de pago de hasta 72 cuotas. Asimismo, las empresas que aumenten su nómina contratando desempleados tendrán descuentos en contribuciones patronales por 4 años.
Finalmente, el oficialismo decidió eliminar el artículo 44 que reducía el cobro de salarios durante licencias médicas. Al quitarse este punto, se mantiene la legislación vigente: los trabajadores seguirán percibiendo el 100% de su sueldo durante los plazos establecidos por antigüedad y cargas de familia. Este cambio técnico obliga a que el proyecto, de ser aprobado hoy, deba volver al Senado para su revisión final.
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