Audios y videos revelan cómo se orquestaban escruches en San Isidro desde un penal.
Audios y videos revelan cómo se orquestaban escruches en San Isidro desde un penal.
La tecnología, que debería servir para acortar distancias afectivas en contextos de encierro, se convirtió en la herramienta estratégica de Lucas Ezequiel Flores Mereles. Desde su celda en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, este integrante de la denominada “Banda del Millón” operaba como el nodo central de una red dedicada a saqueos de viviendas en el norte del conurbano. El peritaje de su teléfono celular, ordenado por la Justicia tras una serie de robos en San Isidro y Martínez, dejó al descubierto una estructura jerárquica donde la inteligencia criminal se realizaba por videollamada y los golpes se planificaban con la precisión de una coreografía técnica.
El material probatorio, al que tuvo acceso La Nación, expone un nivel de impunidad estructural. En las conversaciones de WhatsApp, Flores Mereles no solo coordinaba la logística de movilidad, sino que también gestionaba la compra de armamento y la obtención de herramientas específicas para las intrusiones. El 7 de enero, un contacto identificado como “Valentino Thiago San Isidro” le envió imágenes de una propiedad en Martínez. Los audios subsiguientes son un manual delictivo: “Mi compañero le va a explicar la colada… hay un pasillo que da al costado que te lleva al fondo”, se escucha en una de las grabaciones, detallando el método para “hacer patio” y vulnerar la seguridad de los domicilios.
La banda no solo se limitaba a la ejecución, sino que mantenía un seguimiento riguroso de sus objetivos. Un intento fallido el 11 de enero por falta de herramientas derivó en un pedido explícito de un cricket para doblar rejas, instrumento que les permitió concretar el robo apenas 24 horas después. La frialdad de los diálogos —“Entraron todo, estaba sola, compa”— refleja una deshumanización de la víctima, tratada meramente como un obstáculo logístico en la cadena de producción delictiva.
Incluso el transporte era subcontratado digitalmente. Mereles utilizaba sus estados de WhatsApp para reclutar conductores, ofreciendo la “movilidad” como una pieza más del engranaje. El despliegue incluía un sistema de comunicación en espejo: un integrante llamaba desde afuera de la casa marcada y otro desde adentro, manteniendo una videollamada constante con los líderes en prisión para mostrar el botín en tiempo real. Este fue el caso del robo a Mónica Mancini, una mujer de 82 años, donde los delincuentes exhibieron los objetos sustraídos ante la cámara del celular para recibir la aprobación de sus jefes “encerrados”.
Este escenario reaviva el debate sobre el uso de dispositivos móviles en las cárceles bonaerenses. Implementado originalmente durante la pandemia para paliar el aislamiento, el sistema hoy parece ser el centro de cómputos de organizaciones que, lejos de estar neutralizadas por el sistema penitenciario, encuentran en el encierro un búnker seguro para comandar el delito en las calles.
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