La entidad de Claudio Tapia calificó de ilegítima la medida de la IGJ y aseguró que el Gobierno busca imponer las SAD
La entidad de Claudio Tapia calificó de ilegítima la medida de la IGJ y aseguró que el Gobierno busca imponer las SAD
La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Poder Ejecutivo Nacional ha escalado a un punto de no retorno. Este jueves, la entidad madre del fútbol local emitió un contundente comunicado en respuesta a la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ). Para la conducción de Viamonte —ahora formalmente mudada a Pilar—, no se trata de un control administrativo de rutina, sino de una maniobra diseñada para forzar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el país.
“Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presentan como si lo fuera?”, cuestionó la AFA en el texto firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El organismo deportivo denunció que la IGJ utiliza términos como “graves irregularidades” de manera mediática para desprestigiar a la institución, mientras que técnicamente se excusa en que solo busca “recolectar información”. Según la AFA, esta contradicción demuestra que la medida es una “operación política” que no resiste un análisis jurídico serio.
El comunicado vincula directamente la presión oficial con la obsesión del presidente Javier Milei por privatizar los clubes. La AFA sostiene que el Gobierno intenta ejecutar una política pública mediante el debilitamiento de la principal defensora del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
Este conflicto se da en una semana de parálisis total: el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió toda la actividad futbolística entre este jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida de fuerza coincide con la citación judicial de Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en el marco de una denuncia del ARCA por una presunta evasión impositiva y retención de aportes que superaría los 19.000 millones de pesos.
Uno de los puntos más ríspidos de la acusación de la IGJ refiere a la supuesta falta de balances y a una “sede social falsa” en Pilar. La AFA desmintió categóricamente estos cargos, asegurando que los ejercicios hasta 2024 fueron presentados en tiempo y forma. Respecto al ejercicio 2025, la entidad explicó que ya no responde a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sino a la de la Provincia de Buenos Aires, bajo una resolución firme de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
“La AFA ha quedado en el medio de una disputa de poderes entre la Nación y la Provincia”, denunció la entidad, rechazando que la IGJ pretenda inspeccionar oficinas en un predio cuya inscripción legal ya fue avalada por la autoridad provincial competente.
Para fortalecer su postura, la AFA recordó el caso del instituto presidido en 2023 por Patricia Bullrich, hoy senadora. En aquel entonces, la IGJ utilizó argumentos similares de “graves irregularidades” para intervenir la entidad, pero la Justicia anuló la medida por considerarla nula y violatoria del debido proceso. La AFA adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para que el “capricho” oficial sea desestimado siguiendo ese mismo antecedente.
“Quieren que seas cliente, pero sos parte”, concluye el texto, apelando al sentimiento del hincha frente a lo que consideran un intento de convertir a las instituciones en mercancía. Con la vía judicial abierta, el fútbol argentino se encamina a una batalla legal que definirá no solo el futuro de su conducción, sino la esencia misma de su modelo social y deportivo.
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