chiqui Tapia pide anular su indagatoria por $19.000 millones

Claudio Tapia, presidente de la AFA, presentó un recurso de nulidad ante la justicia por la causa que investiga la retención indebida de 19.353 millones de pesos. La defensa argumentó que la deuda está regularizada y que no existe delito.

AFA. Foto: NA.

El magistrado en lo Penal Económico Diego Amarante recibió este viernes un planteo de los abogados de Claudio Tapia para suspender la citación prevista para el 5 de marzo.

Los letrados Lucio Simonetti y Norberto Frontini sostuvieron que la indagatoria es improcedente mientras la Cámara de Apelaciones no resuelva un pedido de sobreseimiento previo. La defensa fundamentó que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron las ejecuciones fiscales para asociaciones civiles, lo que anularía la exigencia del pago.

La investigación se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no depositó, en el plazo legal de 30 días, los aportes de seguridad social, IVA e Impuesto a las Ganancias retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, la entidad funcionó como agente de retención, pero no transfirió esos fondos al Estado nacional.

Para el juez Amarante, la falta de ejecución fiscal no exime a la conducción de la AFA de su responsabilidad penal. El magistrado se basó en informes técnicos que revelaron una solvencia financiera suficiente para cubrir las obligaciones.

Durante 2025, la asociación registró ingresos superiores a los $453.449 millones y mantuvo diversos plazos fijos en moneda local y extranjera. Estos datos sugieren que la institución contaba con la capacidad fáctica para cumplir con sus compromisos tributarios.

La causa también involucra al tesorero Pablo Toviggino, al director general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco. Todos enfrentan una prohibición de salida del país, aunque “Chiqui” Tapia obtuvo una autorización excepcional para viajar a Brasil y Colombia tras pagar una caución de 5 millones de pesos. La figura penal bajo análisis contempla penas de dos a seis años de prisión para quienes omitan el depósito de tributos retenidos.

El conflicto escaló al ámbito deportivo tras conocerse las citaciones judiciales. La dirigencia del fútbol argentino dispuso la suspensión de la fecha 9 en todas las categorías, programada originalmente para el mismo fin de semana de las indagatorias.

Mientras la justicia evalúa los movimientos bancarios y las declaraciones de la gerencia administrativa, el desarrollo del torneo local permanece supeditado a la resolución de este dilema jurídico.

¿Podrá la justicia distinguir entre una dificultad financiera institucional y una voluntad deliberada de retener fondos públicos? El desenlace de este pedido de nulidad marcará un precedente sobre la responsabilidad penal de los directivos en el manejo de los aportes de seguridad social en el deporte.

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