Al filo de la prescripción, el TOF 5 inició el debate oral por los presuntos desvíos en el programa de viviendas ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se investigan irregularidades por más de 200 millones de pesos sustraídos del erario público.
Quince años después del inicio de la causa, este miércoles arrancó en los tribunales de Comodoro Py el juicio oral por el caso Sueños Compartidos. A las 9:30, el Tribunal Oral Federal 5 —integrado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— dio inicio al debate por los presuntos desvíos millonarios en el programa de viviendas sociales implementado durante el kirchnerismo y ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En el banquillo de los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, involucrados en el manejo del programa dentro de la fundación, y los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, entre otros. Hebe de Bonafini, presidenta histórica de Madres de Plaza de Mayo y también imputada en la causa, falleció en 2022 antes de llegar a juicio. La audiencia inaugural se desarrolla en el subsuelo de Comodoro Py, con algunos imputados presentes en la sala —como los Schoklender— y otros conectados de forma virtual, como De Vido, que cumple condena por la Tragedia de Once.
Durante la apertura, un secretario del tribunal leyó la acusación elaborada por la fiscal de instrucción Paloma Ochoa, que describe con precisión el esquema investigado: “La Secretaría de Obras Públicas transfirió $ 748.719.414,64 para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos $ 206.438.454,05, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada.” El responsable de esa secretaría era el propio José López, también sentado como acusado.
La maniobra que hoy comienza a juzgarse consistió, según la acusación, en el otorgamiento irregular de convenios sin licitación, producto de un acuerdo entre funcionarios nacionales de la Secretaría de Obras Públicas, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y gobiernos provinciales y municipales. Las irregularidades no se limitaron a la adjudicación: la investigación también detectó ausencia de controles durante la ejecución de las obras, aprobaciones técnicas otorgadas sin cumplir requisitos y falta de cronogramas que permitieran monitorear el avance de los trabajos.
A eso se sumaron incumplimientos previsionales: la fundación habría retenido aportes de sus empleados entre 2008 y 2011 sin depositarlos en el sistema de seguridad social, además de registrar deudas vinculadas al fondo de cese laboral y a coberturas de riesgos del trabajo. En el caso de Sergio Schoklender específicamente, la causa acreditó extracciones en efectivo realizadas por él mismo y la emisión de cheques que lo tenían como beneficiario directo.
El historial de los hermanos Schoklender tiene un capítulo anterior de altísimo impacto público: fueron condenados en 1981 por el parricidio de sus padres. Tras recuperar la libertad a mediados de los 90, Sergio se vinculó a Hebe de Bonafini y pasó a ser apoderado de la fundación, hasta que el estallido del caso Sueños Compartidos los terminó enfrentando. El fiscal del juicio oral es Diego Velazco.
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