Justicia entrerriana analiza este jueves la validez de las distancias mínimas para aplicaciones en zonas periurbanas. Productores advierten que la normativa actual compromete 20.000 hectáreas, mientras municipios exigen mantener zonas de resguardo para proteger napas freáticas.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) encabezó este jueves una audiencia clave en la ciudad de Paraná para examinar la validez de la normativa fitosanitaria vigente. El foco de la controversia se centró en el artículo 15 bis de la Ley de Fitosanitarios, el cual establece distancias mínimas de 500 metros para el cultivo de soja y 300 metros para el trigo en áreas periurbanas.
Durante la sesión, presidida por los magistrados del máximo tribunal, representantes de federaciones agropecuarias y expertos en fitosanidad presentaron argumentos contra las restricciones actuales.
Los productores sostuvieron que los límites carecen de una base técnica sólida y que la tecnología de aplicación moderna permite trabajar a distancias menores sin riesgo de deriva. Según estimaciones del sector, estas zonas de exclusión impactan directamente sobre 20.000 hectáreas productivas en los alrededores de Paraná y Gualeguaychú.
El conflicto legal, que acumula amparos judiciales desde 2021, refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección de la salud pública. Entre Ríos aporta el 8% de la producción nacional de soja, y el sector advierte que los costos operativos se incrementaron un 15% debido a la imposibilidad de utilizar tierras en los radios de interface urbano-rural.
No obstante, diversos municipios insistieron en la necesidad de mantener los “buffers” o zonas de amortiguamiento, fundamentando su postura en reportes sobre el estado de las napas freáticas.
La normativa entrerriana busca alinearse con estándares de provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba, aunque el escenario judicial local es más complejo.
Mientras que en 2024 se registraron fallos aislados que permitieron distancias reducidas basándose en la volatilidad de los productos químicos, la decisión que tome ahora el STJ tendrá un carácter integral.
La ausencia de organizaciones ambientalistas en esta audiencia específica marcó un contraste con procesos previos, donde citaron datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el impacto de la exposición humana a estos químicos.
La resolución del tribunal se dará a conocer en los próximos días y podría establecer un estándar para el resto de las provincias agroindustriales del país. El veredicto final determinará si la balanza judicial se inclina hacia el criterio de eficiencia productiva respaldado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) o si prevalece el principio precautorio en defensa del entorno sanitario.
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