Gobierno porteño, PedidosYa y Rappi suscribieron acuerdo para ordenar el tránsito y exigir seguros laborales. Pacto establece 180 días para regularizar repartidores en el registro oficial, bajo amenaza de restringir acceso a las aplicaciones por incumplimientos.
El paisaje porteño, saturado de mochilas térmicas y motocicletas en doble fila, busca un nuevo ordenamiento legal. Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad, encabezó la firma de un Convenio de Buenas Prácticas con las empresas Delivery Hero (PedidosYa) y Rappi. El documento intenta equilibrar la explosión de la economía digital con la seguridad vial y la protección básica de los trabajadores del sector.
Sánchez Zinny sostuvo que el crecimiento de estas plataformas requiere reglas claras y responsabilidad, calificando el compromiso como una medida para lograr una ciudad más justa y ordenada.
Por su parte, Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, enfatizó que el esfuerzo de los repartidores merece una protección que deje de ser simbólica para volverse operativa.
El acuerdo impacta directamente en la convivencia urbana. Las plataformas se comprometieron a fiscalizar que sus repartidores utilicen cascos homologados y chalecos reflectantes.
Asimismo, el texto prohíbe explícitamente el estacionamiento en rampas, veredas y doble fila, una de las principales quejas de los vecinos en barrios como Palermo o Recoleta.
Un punto crítico del convenio es la exigencia a los locales gastronómicos: deberán adecuar sus instalaciones para que la espera de los pedidos ocurra dentro de los comercios. Esta medida busca liberar las aceras de la obstrucción de la vía pública que generan las aglomeraciones de repartidores en horas pico.
En cuanto a las condiciones de trabajo, las empresas garantizarán coberturas de accidentes personales, responsabilidad civil y seguro de vida obligatorio. Además, los repartidores tendrán un plazo de 180 días para inscribirse en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMUR) y cumplir con sus obligaciones tributarias bajo un régimen simplificado.
La supervisión quedará a cargo de una nueva Comisión de Seguimiento. Este ente, integrado por funcionarios y representantes privados, tendrá la potestad de implementar alertas.
Aquellos trabajadores que no se adecuen a la normativa vigente podrían sufrir la restricción de su acceso a las aplicaciones móviles, una sanción que vincula directamente el cumplimiento de las normas de tránsito con la posibilidad de generar ingresos.
El convenio tendrá una vigencia de dos años con opción a prórroga. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad real de control en las calles y de si estas exigencias logran profesionalizar el sector sin precarizar aún más la entrada de nuevos trabajadores al sistema. ¿Será suficiente un acuerdo de buenas prácticas para resolver los conflictos de fondo de la economía digital?
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