Los abogados Beraldi, Valim y Borrego presentaron un informe técnico de Vialidad ante la ONU. Sostienen que Lázaro Báez recibió solo el 0,85% de los fondos investigados y buscan levantar la inhabilitación para las elecciones de 2027.
Los abogados Beraldi, Valim y Borrego presentaron un informe técnico de Vialidad ante la ONU. Sostienen que Lázaro Báez recibió solo el 0,85% de los fondos investigados y buscan levantar la inhabilitación para las elecciones de 2027.
El equipo legal de Cristina Kirchner brindó una conferencia de prensa para anunciar nueva información técnica presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La estrategia internacional busca revertir la condena en la causa Vialidad.
Puntos centrales de la presentación:
El dato clave: Según la defensa, Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos de Vialidad entre 2009 y 2015.
El objetivo electoral: Reclamar una medida cautelar ante la ONU para levantar la inhabilitación perpetua y permitir su candidatura en 2027.
Estrategia legal: Incorporar el testimonio de un técnico de Vialidad brindado en la causa Cuadernos.
El penalista Carlos Alberto Beraldi explicó que el hallazgo surgió el 6 de agosto de 2026 durante una declaración en la causa Cuadernos. Un técnico de la Dirección de Vialidad detalló la distribución de un fideicomiso por 2.000 millones de dólares asignados a obras públicas.
El argumento de la defensa internacional
Según los defensores, los registros oficiales demuestran que el Grupo Austral de Lázaro Báez percibió menos del 1% del presupuesto total analizado. Rafael Valim, especialista en lawfare, afirmó que la cifra genera una contradicción insostenible en la acusación judicial.
Por su parte, el exjuez europeo Javier Borrego sostuvo que en el proceso contra la expresidenta existieron severas arbitrariedades. El equipo argumentó ante el organismo internacional que la sentencia carece de sustento fáctico tras la revisión de los registros informáticos.
La meta fijada para las elecciones 2027
La presentación realizada a fines de julio incluye medidas cautelares para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La expresidenta cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena a seis años de cárcel dictada en 2025.
Aunque las resoluciones del comité internacional funcionan como recomendaciones, la defensa sostendrá el reclamo como vinculante ante la justicia local. El anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia para habilitar su participación política de cara a 2027.
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