La Procuración del Tesoro de la Nación presentó una moción de emergencia ante la justicia estadounidense para frenar la entrega de documentos y evitar sanciones por desacato.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó una moción de emergencia ante la justicia estadounidense para frenar la entrega de documentos y evitar sanciones por desacato.
En un nuevo capítulo de la extensa batalla legal por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa del Estado argentino, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
El objetivo central es requerir la “suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia en el caso Petersen/Eton Park” mientras se resuelve la apelación de fondo. El discovery permite que cada una las partes pueda obtener, antes del juicio, información de la otra; debe aportar la prueba documental y suministrar la información requerida por la contraria.
Burford Capital, el principal beneficiario de la sentencia por US$ 16.000 millones, pidió comunicaciones de funcionarios argentinos, incluidos mensajes de Whatsapp y correos electrónicos.
La estrategia argentina busca la paralización total de la etapa de exhibición y producción de documentos, así como la suspensión de la audiencia probatoria fijada para finales de abril de 2026.
Según el comunicado oficial, el Estado sostiene que esta medida está plenamente justificada debido a que la continuidad del proceso de pruebas “ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”.
La defensa argentina argumenta que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, citando una “incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens”.
Asimismo, el Gobierno destaca que ya ha realizado un esfuerzo significativo de transparencia, habiendo producido “más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango”. A esto se suma la entrega de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz provenientes de dispositivos personales.
Un punto clave en esta instancia es el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El pasado 26 de febrero, el organismo estadounidense presentó un escrito en respaldo a la posición argentina, advirtiendo que el proceso de discovery “resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior”.
A pesar de estos argumentos, los demandantes han solicitado que la Argentina sea declarada en desacato, una medida que la República considera “improcedente y desproporcionada”.
Ante este escenario, el Estado argentino ratificó que continuará ejerciendo todos los recursos jurídicos disponibles para “resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, manteniendo una postura firme en defensa del interés nacional frente a medidas que se consideren contrarias al orden jurídico vigente.
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