El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de medidas que paraliza los desalojos hasta 2030 y prohíbe a los fondos buitre comprar viviendas. Llega tras las protestas por el desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años. Ahora debe votarlo el Congreso.
Maricarmen Abascal tiene 87 años y vivió 70 de alquiler en Madrid. Su desalojo por la fuerza se convirtió en el símbolo de la crisis de vivienda en España: desató protestas masivas y un acampe en la Puerta del Sol que sigue activo. Este martes, el gobierno de Pedro Sánchez respondió con un paquete de medidas que ya lleva su nombre: el “Decreto Maricarmen“.
El plan, aprobado por el Consejo de Ministros, prevé paralizar los desalojos hasta 2030, prorrogar los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 y prohibir que los fondos buitre compren viviendas. Para entrar en vigor de forma definitiva, necesita el aval del Congreso, que lo votaría este viernes, según el diario El País.
Las medidas fueron acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio de coalición, Sumar. Además de frenar los desalojos, el paquete regula los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que se multiplicaron en los últimos años. El gobierno también acordó la renovación automática de los contratos de alquiler, que va a ir en un segundo decreto.
El anuncio lo hizo en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García. “Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre”, escribió. Y le agradeció a quienes protestaban: “Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible“.
El Partido Popular (PP) anticipó que votará en contra. “Sabemos desde hace muchos años que la vivienda es el principal problema de los españoles. El gobierno ha sido un actor necesario para que sea el principal problema”, afirmó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Según ella, las medidas van a “destruir el mercado de la vivienda“.
Muñoz también le recordó al gobierno que no tiene mayoría propia en el Congreso: “Ellos se buscaron este lío sin tener mayoría parlamentaria. No pueden pretender que el PP les saque de este lío”.
Mientras el gobierno hacía el anuncio, decenas de personas seguían acampando en la Puerta del Sol, aunque la Comunidad de Madrid le dio 48 horas a la Delegación del Gobierno para desalojar la plaza. Según el diario El Mundo, la movilización logró frenar otro desalojo a pocos metros del acampe.
El paquete responde a lo que venían reclamando el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales. Una ley aprobada durante la pandemia para proteger a los inquilinos vulnerables venció en marzo, después de que la oposición rechazara prorrogarla.
Detrás del caso de Maricarmen hay un problema más grande. Según el Banco de España, al país le faltan unas 750.000 viviendas, y ese déficit va a superar el millón en 2028, casi el doble que en Italia. España nunca recuperó el ritmo de construcción que tenía antes de la crisis financiera de 2008.
Como cada vez menos personas pueden comprar, sube la demanda de alquiler, y el turismo suma más presión. Según el Consejo de la Juventud de España, el alquiler promedio, de 1.176 euros, equivale al 98,7% del salario medio mensual.
Las organizaciones de inquilinos piden, además, contratos de alquiler indefinidos, como los que existen en Holanda, Austria y Alemania. Proponen que, si un propietario no puede justificar por qué no renueva un contrato, indemnice al inquilino con un mes de alquiler por cada año que haya vivido en la casa.
La crisis no es solo española. Este mes, el partido La Izquierda (Die Linke) ganó las elecciones regionales de Berlín con la promesa de hacer asequible la vivienda y nacionalizar las grandes empresas privadas de alquiler.
En España, la próxima parada es el Congreso. El viernes se va a saber si el “Decreto Maricarmen” sale adelante.
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