El Ministerio de Justicia inició la verificación de antecedentes y situación patrimonial de candidatos a jueces, fiscales y defensores bajo el Decreto 588/2003 para destrabar la parálisis en los tribunales.
El Ministerio de Justicia inició la verificación de antecedentes y situación patrimonial de candidatos a jueces, fiscales y defensores bajo el Decreto 588/2003 para destrabar la parálisis en los tribunales.
El Ministerio de Justicia de la Nación anunció el inicio de un proceso masivo de revisión de vacantes.
La medida alcanza a 200 cargos de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales que actualmente se encuentran bajo la órbita del Poder Ejecutivo, a la espera de ser remitidos al Senado para su aprobación definitiva.
A través de un comunicado oficial, la cartera de Justicia detalló que se ha decidido “iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003” para la totalidad de las vacantes existentes.
Este procedimiento no solo implica el chequeo de antecedentes penales a través del Registro Nacional de Reincidencia, sino también una exhaustiva fiscalización económica de los postulantes.
Al respecto, el Ministerio precisó que “se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”. Este mecanismo de control ciudadano busca garantizar que la sociedad pueda revisar los antecedentes y el patrimonio de los candidatos antes de que el Presidente de la Nación firme el pliego.
La urgencia de la medida se sustenta en datos alarmantes sobre la operatividad del sistema. Actualmente, las vacantes en los juzgados federales llegan al 40%, mientras que en las fiscalías nacionales y federales el déficit se extiende al 47%. De los 367 cargos totales de fiscales, 174 permanecen sin un titular designado.
Este rezago ha generado que la actual administración sea, hasta el momento, la primera desde el regreso de la democracia que no ha logrado aprobar pliegos en la Cámara Alta.
Según datos de Infobae, existen 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados, pero la falta de consenso político ha mantenido la estructura judicial en un estado de parálisis funcional que sobrecarga a los funcionarios activos.
La carencia de magistrados afecta directamente la rapidez de los procesos. El procedimiento anunciado bajo la normativa del Decreto 588/2003 asegura que cada aspirante forme parte de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, habilitando a su vez la posibilidad de que cualquier persona de la sociedad civil presente objeciones fundadas.
El objetivo final del Ejecutivo es revertir el incremento de las demoras en los procesos judiciales federales, priorizando la integridad de los nuevos funcionarios. Al actualizar estos requisitos, el Gobierno busca habilitar las ternas para continuar con el procedimiento de selección, enviando una señal de orden en una de las áreas más sensibles del Estado.
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