En una pieza audiovisual contundente, el Gobierno calificó la institucionalización del feminismo como una herramienta de corrupción y priorizó la igualdad ante la ley.
En una pieza audiovisual contundente, el Gobierno calificó la institucionalización del feminismo como una herramienta de corrupción y priorizó la igualdad ante la ley.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Nacional optó por un mensaje que rompe drásticamente con la tradición institucional de los últimos años.
A través de una pieza audiovisual difundida en canales oficiales, la administración actual presentó una crítica feroz hacia lo que define como la “burocracia del feminismo”, argumentando que las políticas implementadas desde 2019 no fueron más que un mecanismo de malversación de fondos públicos.
El relato gubernamental sostiene que la causa de la igualdad fue distorsionada para alimentar estructuras políticas que no brindaron soluciones tangibles a las ciudadanas. Según el mensaje oficial, el antiguo Ministerio de la Mujer funcionó como un nicho para la concentración de militancia, alejándose de las urgencias reales de la población femenina.
“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, sentencia la pieza, subrayando que mientras se expandía la agenda ideológica, la calidad de vida de las mujeres se deterioraba por la crisis económica.
El diagnóstico del Ejecutivo vincula directamente el crecimiento de la estructura estatal con el aumento de la pobreza y la inseguridad. En este sentido, el video describe a las políticas de género y diversidad como un negocio que benefició exclusivamente a una élite militante.
El discurso oficial enfatiza que el esfuerzo de las trabajadoras perdió valor debido a la inflación, sugiriendo que la verdadera protección no reside en los subsidios, sino en la estabilidad macroeconómica.
Ante este panorama, el Gobierno propone un cambio de paradigma centrado en el individuo y la responsabilidad fiscal. “Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución, estableciendo que el bienestar femenino es indisoluble de la salud financiera del país.
Finalmente, el mensaje busca ratificar el desmantelamiento de las áreas que el oficialismo considera inútiles, priorizando el mérito individual por sobre las cuotas de género o la asistencia estatal.
Para la actual administración, el respeto a la mujer se manifiesta en la creación de un entorno de libertad donde cada una pueda progresar por su propio esfuerzo.
El video concluye con una declaración de principios: “El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”.
“Jamás cruzaron la vereda”, disparó el vocero de los frentistas de la calle Ibarlucea, quien desmintió trabas legales o patrimoniales que impidan la ampliación del Templo.
Mientras el Gobierno nacional busca extender los plazos de revisión y sumar talleres privados, la gestión de Axel Kicillof ratificó la obligatoriedad de los chequeos anuales para autos con más de dos años.
La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
El gobernador de Mendoza advirtió sobre un crecimiento asimétrico y la necesidad de brindar certezas políticas que excedan el marco del RIGI para atraer inversiones reales.
Con 8 de cada 10 hogares conviviendo con perros o gatos, los planes de salud prepagos emergen como una alternativa para evitar que los imprevistos veterinarios desequilibren las finanzas familiares.
Con un stock de más de 8 millones de dosis y un inicio anticipado de tres semanas, el Ministerio de Salud de la Nación busca mitigar el impacto de la nueva variante de influenza en los grupos de riesgo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, señáló que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones, calificando las medidas de prueba solicitadas como “excesivamente intrusivas” contra un Estado soberano.
