Ante la eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional, la gestión de Ignacio Torres exigirá a las empresas que reinviertan los beneficios en los yacimientos locales.
Ante la eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional, la gestión de Ignacio Torres exigirá a las empresas que reinviertan los beneficios en los yacimientos locales.
En el inicio del período ordinario de la Legislatura, el Gobierno del Chubut pondrá sobre la mesa un proyecto de ley estratégico para el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge.
La iniciativa busca establecer un marco normativo que asegure que la reciente eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional no quede solo en un beneficio financiero para las empresas, sino que se convierta en un motor de desarrollo local.
El objetivo central de la normativa es garantizar que el alivio fiscal recientemente implementado por la Nación se traduzca de manera efectiva en un aumento de la actividad hidrocarburífera.
Desde el Ejecutivo chubutense subrayaron que la provincia fue protagonista en la gestión para eliminar estos derechos, bajo el compromiso de las operadoras de reinvertir esos recursos. Este acuerdo, plasmado en un acta firmada en noviembre de 2025, ahora busca respaldo legal para su control.
“Las medidas de alivio tienen que verse reflejadas en más actividad y más trabajo para Chubut”, sentenciaron desde el Ejecutivo provincial, remarcando que el control sobre el cumplimiento de estos compromisos de inversión será estricto para proteger los niveles de producción y el empleo regional.
En paralelo a esta medida legislativa, el Ministerio de Hidrocarburos ha elevado el tono frente a YPF. La provincia reclama definiciones urgentes sobre el proceso de venta del área Manantiales Behr, un yacimiento clave cuya transición está generando un bache en la inversión.
Las autoridades provinciales advierten que el proceso de salida de la petrolera estatal ya está impactando negativamente en el ritmo de los trabajos de campo.
La preocupación radica en que, ante la falta de certezas, la actividad ha comenzado a mermar. Desde la cartera de Hidrocarburos remarcaron que, en el contexto económico actual, “nadie puede darse el lujo de perder actividad ni puestos de trabajo”.
El mensaje hacia la conducción de YPF es claro: mientras la empresa siga siendo la concesionaria, debe cumplir con la totalidad de sus obligaciones de inversión.
La administración provincial dejó en claro que no permitirá que la incertidumbre administrativa detenga el desarrollo productivo. Por ello, la Provincia anunció que ejercerá todas sus facultades como autoridad concedente para defender el empleo.
El Gobierno enfatizó que YPF mantiene plenamente sus responsabilidades legales sobre Manantiales Behr, independientemente de que exista un proceso de venta en curso, y que se exigirá la ejecución de todos los trabajos previamente comprometidos.
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